Un país estancado: el costo de los feudos sectoriales

En Costa Rica, tenemos 70 años de un estatismo tan feroz como ineficiente. Ante ello, cabe cuestionarse cómo han sido capaces los políticos de turno de sostener un sistema que, no solo no satisface las necesidades de la población desde hace décadas, sino que además genera tanta confusión política, como para que una gran parte de la ciudadanía piense que por esa vía vamos a encontrar nuestras soluciones.

Es decir, han logrado invisibilizar el problema estructural de nuestra gobernanza de manera tal, que siguen vendiendo la idea de que cambiar personas o banderas es suficiente, cuando lo que se requiere es un cambio de modelo. Más aún, es claro que el problema ya no es coyuntural, y que el tiempo para los parches pasó hace varias décadas.

El modelo vigente

La receta aplicada por esa clase política ha funcionado hasta ahora porque mezcla varios elementos, entre ellos el de garantizar puestos para sus seguidores y allegados pues, ante cualquier situación por resolver, proponen siempre la creación de instituciones, regulaciones, trámites o impuestos… en fin, más burocracia.

Eso les ha permitido contar con una base electoral que defiende el sistema porque se benefician de él. Mientras tanto, los problemas nacionales se perpetúan, la burocracia se limita a administrarlos y la ciudadanía se siente cada vez más impotente.

Es así como llegamos al 2025 con un archipiélago institucional que corresponde a las necesidades del siglo XX, cuando aún se pensaba que las maquinarias burocráticas debían cumplir objetivos de beneficio para los ciudadanos. Pero en la práctica, en lo único que avanzamos fue en hacer esas instituciones cada vez más grandes, costosas e inoperantes.

Este camino ha provocado que la Costa Rica pionera del pasado, exitosa, llena de emprendedores y visionarios, sea ahora un país trabado, estancado y con una ciudadanía cada vez más frustrada, porque sus necesidades no son satisfechas por los gobernantes, a pesar de la alta carga tributaria que pagan para ello. Una ciudadanía, además, resignada a que nada se puede hacer ni cambiar, porque entre coyunturas electorales ni siquiera logra identificar la raíz estructural de sus problemas.

Mantener un engaño así por tantos años no es fácil, pero los políticos han sido tremendamente hábiles. Como sabían que el modelo no era sostenible en el tiempo, fueron invitando a ser parte de sus privilegiados a los grupos de presión que se iban dando cuenta de que pagar impuestos para mantener el estilo de vida de la aristocracia burocrática iba a ser muy caro y que, por ende, les impediría progresar.

Fue entonces que empezaron las exoneraciones y los tratos especiales de todo tipo para sectores específicos: azucareros, arroceros, cooperativas, autobuseros, taxistas, solidaristas, sindicalistas, exportadores, etc.

En paralelo, fueron creando toda una maraña institucional semipública: asociaciones, mutuales, colegios profesionales, entre otras, para tener así suficientes agencias de empleo para su gente y estar cada vez más protegidos ante el cambio. Todo eso sucedió, parece, mientras dormíamos.

Ahora que el sistema hace aguas por todas partes, a los que quedamos en el medio de todo lo descrito no nos queda más que trabajar -y mucho– para mantener ese Estado enorme, caro e inoperante, que no sólo no facilita la gestión de la riqueza, sino que entorpece su generación.

Un modelo de Estado que nos vendieron como solidario y justo y resultó todo lo contrario: uno que provoca pobreza, inequidad y desempleo.

Donde el sistema de pesos y contrapesos para defender al simple ciudadano de los atropellos estatales no funciona, porque las instituciones se volvieron fines en sí mismas y, por ende, parte del problema.

Propuesta de solución

Entonces ¿cómo hacemos para revertir esta situación y encontrar la ruta hacia el progreso y la prosperidad?

Si el camino que nos trajo hasta aquí fue el de la sectorización, y ahora cada uno de los grupos mencionados defiende sus “derechos adquiridos”, la lógica impone que pasemos a la exigencia de políticas públicas equitativas de largo plazo, para lograr el bienestar de la mayoría y el progreso del país.

Evidentemente, no será fácil hacerlo, porque se afectarán muchos intereses. Así las cosas, deberíamos abocarnos como sociedad a la discusión sobre la reforma del Estado, pero abandonando el enamoramiento institucional y la forma tradicional de hacer las cosas.

Sentémonos a analizar cuáles son las necesidades que debe satisfacer el Estado, por qué y para qué, y, basados en eso, veamos si lo que están proponiendo los políticos de turno es realmente una solución. Entonces sí, diseñemos el marco institucional requerido junto a ellos.

Concentrémonos en cómo garantizamos que los servicios lleguen a las mayorías, sin importar quién los provea, eso sí, velando porque todas las políticas públicas sean diseñadas con el ciudadano como eje.

Copiemos a los mejores, que los hay. Veamos a Singapur, Israel, Irlanda, Corea del Sur o Estonia; países que ya solucionaron los mismos problemas que nosotros enfrentamos. No hace falta inventar el agua tibia.

En vez de tratar de acomodar una necesidad, como el acceso a la vivienda, al archipiélago institucional existente (a saber: INVU, MIVAH, BANVHI y mutuales y al instrumento actual: bono de vivienda), analicemos la situación y veamos si realmente se ha cumplido con el objetivo, si algo del método aplicado hasta ahora es rescatable y si estamos fomentando el progreso personal o sólo el mero asistencialismo.

Eso habría que hacerlo con absolutamente todos los productos y servicios del Estado.

En ese proceso, tenemos que nivelar la cancha, y eso solo se logrará dejando de vivir de glorias pasadas, alejándonos del enamoramiento institucional y aprovechando los avances tecnológicos actuales.

Démosle prioridad a la educación de calidad, al acceso a la tecnología, a la conectividad, a los centros de cuido para adultos mayores y personas con enfermedades terminales, a las guarderías donde se fomente la educación temprana, al seguro de salud oportuno y al sistema de pensión sostenible.

Hablando claro, dejemos de aceptar los expolios legalizados que, disfrazados de conquistas sociales, protegen solo a ciertos sectores. Exijamos que nuestros impuestos sean utilizados de forma responsable, para garantizar el bienestar de todos, y no solo de unos cuantos costarricenses.

Tenemos todo para progresar, pero para hacerlo debemos cambiar el enfoque del bienestar sectorial por el del bienestar nacional, el asistencialismo por la igualdad de oportunidades y la obediencia al Estado por la convicción en sus leyes.

El poder está en nosotros, los ciudadanos; nada es políticamente tan complicado que no lo podamos cambiar.

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