Caso Coopeservidores: Transformando la Crisis en una Oportunidad

Desde el 5 de marzo del presente año, las noticias en Costa Rica han estado ocupadas por las irregularidades descubiertas en CS Ahorro y Crédito (anteriormente Coopeservidores). La entidad se vio obligada a ajustar su resultado financiero de 2023, reportando una pérdida cercana a los ¢ 27 mil millones debido al deterioro de varias operaciones crediticias, pérdida que impactó directamente el patrimonio de la entidad. Una semana después, el 13 de mayo, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) decidió intervenir la entidad por 30 días naturales, argumentando que la administración actual “pone en peligro su seguridad y solvencia”.

Para dimensionar la trascendencia de la situación, hay que tener claro el tamaño de la entidad financiera intervenida. Hoy en día, CS Ahorro y Crédito se posiciona como la tercera institución financiera más grande del sector cooperativo en Costa Rica, con activos totales que ascendieron a ¢775.983 millones al cierre del año anterior. Solo es superada por Coopealianza, con ¢812.026 millones, y Coopenae, con ¢994.000 millones. Esta entidad financiera es más grande que algunos bancos que operan en el país.

El CONASSIF reveló que la cooperativa aplicó moratorias masivas de pago, evitando la reclasificación de operaciones crediticias hacia categorías de mayor riesgo y sin realizar gestiones de cobro. Esta situación provocó el deterioro de la cartera crediticia y un incremento en las estimaciones, generando pérdidas al cierre de diciembre de 2023.

En una institución como CS Ahorro y Crédito, con ese volumen de operaciones, se supone que se tiene la garantía de que sus directivos y administradores sean competentes para sus funciones. Más allá de que reciban generosas remuneraciones, deberían ser conscientes de la importancia de los fondos que administran.

La trascendencia de esta situación va más allá de la institución en sí y sus balances financieros. Los perjudicados de este problema, además de los empleados y directivos, incluyen, entre otros:

• 131.500 clientes de la institución que ahora esperan el resultado de esta intervención para conocer el futuro de sus inversiones y ahorros.
• 326 asociaciones solidaristas cuyos ahorros conforman la principal parte de su patrimonio y las cuales no recibirán excedentes de sus inversiones en CS Ahorro y Crédito, afectando negativamente a los pequeños asociados que anualmente esperan estos beneficios.
• Los bancos comerciales y las instituciones públicas que prestaron ¢141.817 millones a la entidad, de los cuales el 75 % son recursos públicos.

Se trata de toda una cadena de perjudicados, lo cual hace entender la importancia de supervisar estas instituciones y este caso no es la excepción.  Todo lo anterior ocurrió en una institución supervisada activamente por la Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF), lo cual es alarmante. Igual alarma debería causar por ejemplo un puesto de bolsa de comercio que, bajo la apariencia de supervisión e intensa actividad, no recibe una vigilancia activa del Banco Central. Esto podría desencadenar otro escándalo perjudicando a los inversionistas confiados en estas instituciones.

En materia de inversión y ahorro, las personas confían sus recursos a las instituciones financieras esperando una gestión responsable y un rendimiento adecuado. Aunque ninguna inversión está exenta de riesgos, se deben garantizar principios de información y protección al consumidor de servicios financieros.

En la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley 24.136, presentado con firmas de las fracciones del Partido Liberal Progresista, Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional, busca establecer principios y reglas que rijan las relaciones entre consumidores y proveedores de productos y servicios financieros, basándose en las mejores prácticas internacionales del G20 y las recomendaciones de la OCDE.

En este sentido, el proyecto de ley titulado “Ley de Protección y Defensa del Consumidor de Productos y Servicios Financieros” busca esfuerzos estatales para promover un mercado de servicios financieros desarrollado, seguro, justo, sostenible e inclusivo. Establece un marco integral para proteger los derechos e intereses de los consumidores financieros en Costa Rica.

Dentro de las disposiciones del proyecto se encuentran la implementación de principios generales como el trato justo y equitativo, la transparencia y la protección de datos del consumidor. 

Además, se promueven acciones para la información, educación y concientización financiera, la lucha contra el fraude, la formalidad de los proveedores, la innovación en beneficio de los consumidores, la inclusión, la sostenibilidad, la competitividad y los sistemas accesibles y eficientes de atención externa de quejas, reclamaciones y compensación. 

Estos principios y acciones buscan asegurar que los consumidores reciban un trato adecuado y que las entidades financieras actúen con responsabilidad y claridad en sus operaciones y comunicaciones.

Asimismo, el proyecto de ley amplía las facultades de supervisión y regulación de las superintendencias financieras y del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). Esta ampliación incluye la creación de un registro único de proveedores de servicios financieros y la implementación de mecanismos internos y externos para la resolución de quejas y reclamaciones. Con estas medidas, se pretende garantizar que los consumidores tengan acceso a canales efectivos y gratuitos para resolver sus disputas, lo que contribuye a una mayor confianza en el sistema financiero.

De cara a estos escándalos, tanto los que podemos evitar como los que desgraciadamente han pasado (como el caso Aldesa), este proyecto es muy relevante, pues su enfoque es preventivo y correctivo, priorizando la conducta responsable de los proveedores de servicios financieros. Al establecer medidas claras para la protección contra fraudes y la gestión de riesgos, la ley no solo busca prevenir prácticas abusivas, sino también promover un mercado financiero más seguro, justo y transparente. Esto es crucial para el desarrollo económico sostenible de Costa Rica, ya que fortalece la confianza de los consumidores y fomenta la inclusión financiera, beneficiando especialmente a los grupos más vulnerables de la sociedad.

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