Culpable hasta que se demuestre lo contrario

Contrario a lo que sucede con las diferentes versiones en el software, en el cual la nueva busca corregir los errores de la anterior, con el proyecto de ley N° 22834 esto no sucede. Sin importar cuánto traten de arreglarlo, este se fundamenta en un atropello que no tiene remedio.

Su aprobación, por mayoría contundente, en primer debate en la Asamblea Legislativa, no puede más que generar una gran preocupación debido a las implicaciones que tiene para los derechos fundamentales de los costarricenses y la poca importancia que los legisladores le dieron.

A pesar de las modificaciones que se han hecho al texto original, el núcleo del proyecto sigue siendo una grave amenaza para el Estado de derecho y las libertades individuales en Costa Rica. Aun cuando hay algunos cambios positivos en la versión 3.0, el proyecto sigue siendo altamente problemático y no debería aprobarse en segundo debate.

Pudo ser peor

Dentro de las mejoras al proyecto original, se eliminó la posibilidad de que entidades como la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) pudieran solicitar medidas cautelares como la congelación de bienes y cuentas bancarias.

Esto representaba una clara amenaza a la seguridad jurídica, ya que estas instituciones no están diseñadas para manejar procedimientos penales y carecen de la independencia necesaria para tomar decisiones tan delicadas.

También se eliminó la disposición que permitía al ICD tomar posesión inmediata de bienes congelados, lo cual era una violación flagrante del derecho de propiedad.

Sigue siendo inaceptable

Sin embargo, estas modificaciones no abordan el problema central del proyecto: la eliminación de la presunción de inocencia.

En su forma actual, el proyecto permite que el Ministerio Público solicite la congelación de bienes, la captura de propiedades y cuentas bancarias sin que exista una denuncia formal y mucho menos una condena judicial.

Esto significa que una persona puede ver sus bienes inmovilizados simplemente porque un funcionario considera sospechoso un aumento en su patrimonio, sin ningún tipo de crecimiento mínimo para determinar qué constituye un incremento inusual.

Antes, el proyecto tenía un umbral ridículamente bajo de $50 000 de incremento de capital en un periodo de diez años. Ahora, con su eliminación, cualquier cambio en el patrimonio de una persona podría ser suficiente para iniciar un proceso. Esto deja al ciudadano en una posición extremadamente vulnerable, donde debe demostrar su inocencia ante una sospecha que podría estar basada en criterios arbitrarios y subjetivos de un funcionario del Ministerio Público.

Este enfoque revierte completamente el principio constitucional de que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y en su lugar, establece que es el ciudadano quien debe probar su inocencia.

Este cambio no es menor; es un ataque directo al debido proceso y al derecho de defensa. La presunción de inocencia es uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema judicial democrático, especialmente en el ámbito penal.

El hecho de que el Estado pueda congelar bienes y cuentas bancarias sin necesidad de una denuncia formal, ni de pruebas concretas convierte a los ciudadanos en sospechosos permanentes y potenciales víctimas de abusos de poder.

Además, el procedimiento que establece el proyecto es sumamente ambiguo, lo cual añade un peligro adicional. No hay claridad sobre lo que sucede después de que el juzgado decide sobre la medida cautelar: si la rechaza, ¿cuál es el siguiente paso? Si la aprueba, ¿cómo se garantiza la protección de los derechos del ciudadano afectado? Esta falta de definición en el procedimiento promueve la arbitrariedad y crea un escenario propicio para los abusos de poder.

Es importante señalar que este proyecto no es un producto exclusivo del actual gobierno. De hecho, fue introducido en la administración de Carlos Alvarado, lo que demuestra que esta tendencia de otorgar más poder al Estado para actuar sin controles judiciales adecuados no es nueva. No obstante, el actual Ejecutivo ha retomado y promovido este proyecto en sesiones extraordinarias, y su aprobación en primer debate con un apoyo mayoritario en la Asamblea Legislativa subraya la falta de reflexión crítica sobre las consecuencias a largo plazo de estas medidas.

Lo más alarmante de todo esto es la contradicción en la que caen muchos de los diputados que apoyaron este proyecto. Estos mismos legisladores han expresado en repetidas ocasiones su preocupación por las supuestas tendencias autoritarias del gobierno actual, señalando su interés en convocar una constituyente y en reducir los controles sobre el Ejecutivo. Sin embargo, al aprobar este proyecto, están otorgando al gobierno, actual o futuro, una herramienta peligrosísima para la persecución política y la represión.

Esta incoherencia plantea la pregunta de si realmente les preocupa el autoritarismo o si simplemente desean ser ellos quienes tengan el poder para aplicar estas medidas de manera discrecional.

La aprobación de este proyecto de ley en segundo debate sería un paso más hacia la erosión de las garantías constitucionales en Costa Rica. La situación que enfrentan países como Nicaragua y Venezuela, donde los controles al poder estatal han sido eliminados progresivamente, debería servirnos de advertencia.

En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega ha utilizado herramientas legales similares para confiscar propiedades y perseguir a la oposición, consolidando así su poder sin ninguna consecuencia. En Venezuela, la eliminación de las garantías constitucionales ha permitido a Nicolás Maduro mantenerse en el poder a pesar de múltiples violaciones a los derechos humanos y a la democracia.

Aunque algunos podrían argumentar que Costa Rica es un país con un fuerte sistema de garantías, es esencial recordar que estas erosiones a los derechos y libertades suelen comenzar con pequeños pasos, como el que representa este proyecto de ley.

Además, los costarricenses no están exentos de experiencias propias que demuestran cómo el poder puede ser utilizado de manera abusiva, incluso en un sistema que se considera altamente garantista. Ejemplos recientes, como la persecución política a Leonel Baruch y Gerardo Corrales, muestran como las entidades estatales pueden utilizar su poder para intimidar y acosar a individuos, a pesar de que no se han implementado leyes tan draconianas como la que se discute actualmente. Con este proyecto de ley, el riesgo de que tales situaciones se repitan y se agraven es altísimo.

Hay esperanza si generamos presión ciudadana

Por todo lo anterior, es crucial que se genere un debate amplio y profundo sobre los peligros que representa este proyecto de ley. La Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y no de entregar herramientas que puedan ser utilizadas para socavar la democracia y el Estado de Derecho. 

La consulta constitucional es un mecanismo que debe utilizarse para frenar este atropello, y es necesario que más diputados se sumen a la iniciativa de enviarlo a la Sala Constitucional. El silencio de muchos sectores, incluyendo la prensa, es preocupante, y es vital que la ciudadanía esté informada y activa en la defensa de sus derechos.

Este proyecto de ley es una locura que pone en riesgo las libertades individuales y abre la puerta a la arbitrariedad y a la persecución política. Es primordial que no se apruebe en segundo debate y que, en su lugar, se promueva un verdadero respeto por las garantías constitucionales y el Estado de derecho en Costa Rica.

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