De los Diputados que protegen intereses particulares por sobre el interés general

Hoy inauguro esta columna, gracias a la generosa invitación de Primera Línea, que me brinda un espacio para compartir reflexiones, desde una perspectiva liberal, sobre los acontecimientos nacionales, resaltando tanto los aspectos positivos como aquellos que requieren atención.

El enfoque liberal, que sitúa al individuo en el centro de las políticas públicas y defiende los valores universales de propiedad, libertad y vida, guiará nuestras discusiones. En esta columna escribiré mi opinión de la misma forma en la cual me he conducido en la Asamblea Legislativa: con educación, con datos y con vehemencia.  O sea, sin maquillaje ni ulterior interés. 

Para los que me conocen, este paso por la política ha sido una experiencia de aprendizaje y las posibilidades para que vuelva a proponer mi nombre a un puesto de elección popular son casi nulas.  Dicho esto, en nuestro primer encuentro, abordaré una de las problemáticas recurrentes en el ámbito legislativo, a la que me he enfrentado durante los 667 largos días transcurridos desde el inicio de mi gestión, el 1 de mayo de 2022.

El reciente archivo de la propuesta de abolición del “enganche médico”, por parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, ejemplifica el desafío constante de priorizar el bien común sobre los intereses de grupos específicos.

Esta política, que vinculaba los salarios de los profesionales médicos con los incrementos salariales del sector público, beneficia a un colectivo particular a costa de la equidad y la sostenibilidad fiscal. La decisión mayoritaria de la Comisión subraya cómo las prerrogativas sectoriales pueden eclipsar el mandato de legislar en pro del bienestar colectivo, un fenómeno no exclusivo de nuestro país sino presente en diversas democracias.

Esta tendencia, donde los intereses de grupos concretos y la dinámica partidista desplazan las necesidades de la mayoría, es preocupante. Si bien me consta que hay diputados estudiosos que toman sus decisiones a partir de sus convicciones y una base ideológica firme, no puedo afirmar -lamentablemente- que sean la mayoría, ya que es frecuente que algunos de ellos no solo no entiendan los temas en discusión, sino que se conviertan en simples extensiones de la voluntad de algún asesor quien, al final, es quien termina tomando las decisiones de importancia para el país. 

Es cierto que la política requiere de negociación y consenso, pero el riesgo emerge cuando estos acuerdos favorecen desproporcionadamente a ciertos sectores. Por ejemplo, en el ámbito del transporte, donde el colectivo de taxistas, a pesar de ser numéricamente inferior al de los conductores de plataformas digitales, ha logrado mantener un statu quo que perjudica al usuario final.

La resistencia a eliminar el “enganche médico” ilustra cómo la protección de intereses particulares, a menudo disfrazada de cálculos políticos, puede prevalecer sobre la equidad y la justicia fiscal. Esta situación erosiona la confianza en nuestras instituciones y plantea interrogantes acerca de la justicia y sostenibilidad de nuestras políticas públicas.

La obligación de un legislador es, en última instancia, trabajar en beneficio de la mayoría. Esto implica tomar decisiones difíciles, y muchas veces impopulares, entre los distintos sectores de la sociedad. Sin embargo, cuando el cálculo político y la protección de intereses gremiales específicos se convierten en el principal motor de la toma de decisiones legislativas, se corre el riesgo de alienar a la base más amplia de ciudadanos y comprometer el principio de justicia social. 

Este fenómeno trasciende el ámbito de la salud, siendo los colegios profesionales otro ejemplo. Si bien estos pueden desempeñar un papel relevante en la sociedad, a menudo terminan defendiendo exclusivamente los intereses de sus miembros, estableciendo tarifas sin fundamentos técnicos y actuando como árbitros de sus propias reglas.

Este conflicto de interés se extiende a múltiples sectores, desde la educación hasta la infraestructura, donde la influencia desproporcionada de ciertos grupos puede desviar recursos provenientes de áreas que beneficiarían a una mayoría más amplia.

Para avanzar hacia un futuro más equitativo y sostenible, en primera instancia es crucial que personas que no respondan a los intereses sectoriales y que tengan criterio lleguen a los puestos de elección popular.  Es también medular que los legisladores y los ciudadanos exijan transparencia en el proceso legislativo y responsabilidad por las decisiones tomadas. La participación ciudadana activa y el escrutinio público son fundamentales para garantizar que las políticas reflejen el interés general, y no solo las demandas de los grupos de interés más vocales o mejor organizados.

En conclusión, el rechazo a la propuesta de eliminar el “enganche médico” en Costa Rica no es solo un caso aislado, sino un reflejo de un desafío más amplio en la gobernanza democrática. Mientras los legisladores enfrenten el dilema de equilibrar intereses gremiales con el bienestar colectivo, será esencial una vigilancia constante y una participación ciudadana activa para asegurar que prevalezca el interés general. La verdadera medida de una democracia saludable y vibrante no reside en cuán bien protege los intereses de los poderosos, sino en cuán efectivamente sirve y eleva el bienestar de la mayoría.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.