Desafío Fiscal en Costa Rica: Entre la Simplificación Necesaria y la Carga Tributaria Excesiva

La reciente propuesta del Ministerio de Hacienda de Costa Rica, presentada ante la comisión legislativa encargada de analizar el principio de territorialidad en nuestro sistema fiscal, llega en un momento crucial para la economía nacional. En un país donde la informalidad laboral alcanza aproximadamente el 45% del empleo total, según el informe de Estudios Económicos de la OCDE de febrero de 2023, la necesidad de simplificar el sistema tributario es imperiosa. Sin embargo, la propuesta del Ministerio, centrada en gravar las rentas pasivas extraterritoriales, parece desviarse peligrosamente del enfoque más efectivo y necesario: la formalización del sector informal y la persecución de los verdaderos evasores de impuestos.

El sistema tributario actual, con su complejidad abrumadora, ha contribuido significativamente a la informalidad y ha creado barreras insuperables para la formalización. La presión fiscal ejercida por las obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social y otras cargas parafiscales, que en última instancia se convierten en otro impuesto sobre la renta, no hace sino agravar esta situación. Por lo tanto, la simplificación debería ser el eje central de cualquier reforma tributaria, con el objetivo de mejorar la eficiencia administrativa y fomentar la formalidad y la equidad. Es imperativo que el Ministerio de Hacienda se enfoque en recuperar los impuestos de casi la mitad de la economía que actualmente no contribuye, en lugar de imponer nuevas cargas a los contribuyentes ya agobiados.

Además, la propuesta de gravar rentas extraterritoriales ignora la realidad de que Costa Rica, como una economía emergente e importadora neta de capital, necesita políticas que fomenten la inversión y la reinversión, tanto a nivel local como internacional. El informe de la OCDE de 2017 advierte claramente contra el cambio hacia un sistema de renta mundial, señalando que tal movimiento podría desincentivar la atracción de inversiones y poner en peligro la posición del país como destino atractivo para nómadas digitales, pensionados rentistas y otros inversores extranjeros.

Bajo el sistema tributario actual, las empresas en Costa Rica enfrentan una carga impositiva de hasta el 58%, y las personas físicas hasta un 30%, cifras significativamente superiores al promedio de la OCDE. Esta realidad plantea serias preguntas sobre la competitividad y sostenibilidad económica del país. La nueva propuesta de gravar rentas exteriores solo aumentaría esta carga, resultando en un desincentivo para la reinversión y la residencia en el país.

Costa Rica ya ha realizado ajustes significativos en su sistema tributario para alinearse con las expectativas internacionales, particularmente para salir de la lista negra de la Unión Europea. Estos ajustes han sido necesarios y han evitado problemas legales que podrían haber surgido de un lenguaje impreciso en propuestas anteriores. Sin embargo, la respuesta de la Asamblea Legislativa, aunque oportuna, se ha visto empañada por un discurso engañoso del Poder Ejecutivo, condenando el resello otorgado desde el Parlamento. Es crucial entender que el resello era la única forma de salir de la lista negra de la UE, y los errores graves en el lenguaje jurídico del veto presidencial no hubieran permitido abandonar esta lista.

La solución no radica en imponer cargas adicionales a los contribuyentes actuales, sino en abordar las deficiencias del sistema que permiten la evasión y la elusión fiscal. Frente a la propuesta del Gobierno de implementar un impuesto global dual, iniciativa con la que estoy de acuerdo, es vital asegurar que el impacto en los contribuyentes sea neutro. La tasa de este impuesto no debería superar el 25% para mantener un equilibrio entre la necesidad de recaudación y la justicia fiscal. Además, es importante considerar el impacto acumulativo de los impuestos, incluidos los pagos a la seguridad social, al evaluar la carga fiscal total sobre los ciudadanos y empresas.

En resumen, mientras que la intención de modernizar el sistema tributario es loable, la dirección actual de la propuesta del Ministerio de Hacienda podría no ser la más adecuada para fomentar la formalidad, atraer inversiones y mantener la competitividad económica. Es imperativo reevaluar la estrategia para centrarse en simplificar el sistema, reducir la informalidad y perseguir a los verdaderos evasores fiscales, en lugar de imponer nuevas cargas a los contribuyentes ya comprometidos. La política fiscal no debe ser una herramienta de represión, sino un mecanismo para un desarrollo económico equitativo y sostenible. La administración debe escuchar estas preocupaciones y actuar en consecuencia para garantizar un futuro próspero para Costa Rica

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