Desafíos y Reflexiones sobre el Estado y la Inversión Social en Costa Rica

El lunes 4 de marzo tuvimos un evento importante en la Asamblea Legislativa de Costa Rica con la presencia del ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, cuya intervención avivó el debate sobre la gestión de las finanzas nacionales. El ministro, con habilidad, quiso instalar la narrativa de que ciertas leyes aprobadas por la actual Asamblea Legislativa, como la exclusión de Costa Rica de la lista de países no cooperantes de la Unión Europea y las modificaciones en el cálculo del impuesto a la propiedad vehicular, constituyen factores aparentemente responsables de las dificultades fiscales del país.  

En artículos separados me referiré a cada una de estas leyes y sus impactos o no en nuestro país.  Como abrebocas solo diré que con respecto a la primera, la ley aprobada por la Asamblea que sacó a Costa Rica de la lista de países no cooperantes de la Unión Europea, preservó el principio de territorialidad como un atractivo para la inversión extranjera directa y previno que el lenguaje planteado por el Poder Ejecutivo en el veto de dicha ley, nos hubiera mantenido en la desprestigiada lista, visto que contenía errores técnicos importantes que hubieran creado antinomias legislativas.  En cuanto a la ley del marchamo; ¿que les puedo decir?  Las cifras que salen del Poder Ejecutivo sobre lo que no se iba a recaudar o lo que no se recaudó, cambian con el mes: un día 118 mil millones, después 90 mil, en diciembre 55 mil, este lunes pasado fueron 68 mil millones.  Me temo que cuando termine de redactar este artículo, serán 80 mil. Esta narrativa, promovida por el gobierno, ha encontrado eco en algunos legisladores poco estudiosos, desviando el foco de atención de las necesarias reformas fiscales estructurales.

La discusión no debe limitarse a la mera disponibilidad de recursos, sino que debe extenderse a la eficiencia y equidad en la distribución de los mismos. El sistema tributario costarricense, caracterizado por su complejidad y la multiplicidad de impuestos directos e indirectos, impone una carga considerable a los ciudadanos. A pesar de esta alta recaudación, parece que la inversión social se diluye en los laberintos burocráticos, sin alcanzar de manera efectiva a las poblaciones más necesitadas. Es imperativo cuestionar la narrativa del ministro y reconocer que, en Costa Rica, la carga fiscal es abrumadora y exige un escrutinio riguroso.

Este panorama nos obliga a reflexionar sobre la estructura de nuestra inversión social y la efectividad de nuestras instituciones. Debemos preguntarnos si estamos realmente construyendo un sistema que atiende a los más vulnerables o si estamos alimentando una estructura estatal inflada que privilegia los intereses partidistas sobre el bienestar colectivo.

Un ejemplo flagrante es la tendencia irresponsable y maliciosa en la Asamblea Legislativa a proponer y aprobar la creación de nuevos cantones, a pesar de las evidentes inconstitucionalidades de tales proyectos. Parece irracional que un país de apenas 51 mil kilómetros cuadrados cuente ya con 84 cantones, y aún así, se planteen más. En fila están Colorado, Cervantes, Ojo de Agua, y quién sabe cuál más. Habrá que ver dónde quieren crecer “orgánicamente” los partidos que proponen estos cantones. Esta expansión desmedida del Estado ilustra por qué los recursos parecen insuficientes.

Es claro que el modelo vigente necesita una revisión exhaustiva. La inversión social debe ser efectiva y reflejarse en mejoras concretas en la vida de los ciudadanos. Esto requiere un enfoque estratégico y orientado a resultados, que priorice iniciativas con un impacto directo en la calidad de vida y promueva una simplificación del sistema tributario para garantizar el uso eficiente de los recursos.

Sin embargo, esta transformación solo será posible mediante un análisis profundo que cuestione la funcionalidad y hasta la existencia de ciertas instituciones, donde los fondos destinados a impuestos terminan diluyéndose en salarios y gastos institucionales, sin llegar a quienes verdaderamente lo necesitan. Este es el núcleo del problema, exacerbado por una clase política y partidos tradicionales que, en su afán de perpetuar una red de favores a personas y sectores, han multiplicado la creación de instituciones innecesarias.

La gestión política debe caracterizarse por su transparencia y equidad hacia los ciudadanos, evitando crear entidades que incrementen la carga fiscal. Además, la transparencia y rendición de cuentas deben ser fundamentales, permitiendo a los ciudadanos acceder a información detallada sobre el uso de sus impuestos, fortaleciendo así la confianza en las instituciones y fomentando una cultura de responsabilidad cívica.

En resumen, el discurso del ministro Acosta Jaén nos insta a superar explicaciones simplistas y enfrentar los desafíos estructurales de nuestro sistema fiscal y de inversión social. Solo mediante un compromiso firme con la eficiencia, equidad y transparencia podremos asegurar que los recursos de Costa Rica se utilicen de manera que fomente un desarrollo verdaderamente inclusivo y sostenible.

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