El mal llamado impuesto al ruedo

Desde la década de 1950, Costa Rica apostó por un modelo económico con una cada vez más alta participación estatal; pero como eso tenía a su vez un alto costo y el dinero no crece en los árboles, para sostenerlo, se han creado desde entonces una serie de impuestos, cargas sociales o parafiscales para tratar de sostenerlo.

Por esa razón, los costarricenses nos hemos acostumbrado a que nos cobren impuestos por absolutamente todo, algunas veces con razones muy loables, pero con la consecuencia de que tenemos un sistema fiscal muy complejo, caro de mantener y muy injusto, pues está lleno de exoneraciones para todos los grupos de presión que en su momento se organizaron y lograron concesiones especiales.

Dentro de ese abanico de imposiciones resalta el impuesto al ruedo, mejor conocido entre nosotros como “el marchamo”. Ese que en noviembre de cada año, cuando los propietarios de vehículos automotores van a cancelar, se dan cuenta que pagamos mucho por él, pues las carreteras no están en buen estado y tampoco ha habido progreso en lo que a infraestructura vial se refiere.

En ese mes, normalmente, hay mucha efervescencia entre dichos propietarios y no falta entonces el diputado que quiere cámara y saca un proyecto al respecto, para que, al final, diga que ellos trataron de regular mejor el asunto, pero que no contaron con el tiempo suficiente para tramitarlo. Entonces, otra vez, terminamos nosotros pagando mansamente y reclamando que los diputados no sirven para nada.

Pues bien, este año tenemos la oportunidad de romper con ese ciclo,  el 2023 podría pasar a la historia como el año en el cual tendremos otra discusión sobre el impuesto al ruedo, pero analizando esta vez sus razones de ser y no simplemente aceptando su existencia, pues las inconsistencias e ilegalidades desde su tramitación son múltiples. Veamos.

El origen de los impuestos es financiar algún servicio que el Estado debe brindar y por eso, solo la Asamblea Legislativa tiene la potestad de crearlos. En el caso del impuesto al ruedo, su fin específico es el mantenimiento de las carreteras y el mejoramiento de la red vial; no obstante, cuando hacemos el análisis del marchamo vemos que con él todo viene mal desde el principio.

En efecto, este es un impuesto que nació de manera totalmente incoherente, pues se aprobó dentro de la ratificación de un tratado centroamericano en materia textil, es decir, en contra de lo que establece la Constitución en temas de reserva de ley. En otras palabras, fue un golazo marcado contra la ciudadanía, puesto que fue aprobado dentro de un proyecto ajeno al tema de la vialidad y que, además, no fue posible discutir a profundidad.

Por otra parte, como entonces no existía la Sala Constitucional, la consulta sobre la constitucionalidad de tal proyecto era imposible. Sin embargo, han pasado 40 años desde esa ilegalidad y ese es tiempo suficiente para preguntarse: ¿Por qué la Sala Constitucional y los políticos de turno le han rehuido a una discusión profunda sobre el tema?

La respuesta, probablemente, se encuentre en la enorme recaudación que representa dicho impuesto, cuyo estimado rondaba los ¢329.000 millones para el 2022. También podríamos pensar que es una de las formas que encontraron los sucesivos gobiernos para financiar los aguinaldos del sector público, con lo que el asunto se vuelve un tema tabú.

Más, independientemente de que encontremos múltiples razones (¿pretextos?) para la existencia del marchamo, lo cierto es que se trata de un impuesto que es totalmente injusto, que no está determinado por ningún parámetro técnico y que, contrario a lo que se cree, no es un impuesto que se establece por el uso de la red vial del país, sino que es un impuesto que existe nada más por el hecho de ser propietario de algo, olvidándose de que cuando compramos un vehículo ya pagamos múltiples impuestos: IVA, importación, traspaso, entre otros.

Es decir, pagamos impuesto sobre impuesto por la osadía de poseer algo. Además, se discrimina a los propietarios de vehículos privados, pues el Estado no lo paga y los privilegiados propietarios de autobuses y motociclistas tienen tarifas fijas y muy bajas. Cabe preguntarse entonces: ¿Tiene sentido la existencia de ese impuesto?

Puede que los que se benefician del estatismo digan que sí y los que no estamos de acuerdo con la voracidad fiscal digamos que no; por eso, vayámonos a las comparaciones e intentemos zanjar la cuestión. Si utilizamos a Latinoamérica, quedamos dentro de los peores; pero si lo hacemos con respecto a los países que integran la OCDE, el panorama es alentador. Entonces, ¿por qué no aprovechar la oportunidad y acercarnos a las buenas prácticas?

En ese sentido, su recomendación, precisamente, es que sea un impuesto basado en razones técnicas como el uso de la red vial, el desgaste que le provocan los vehículos por tamaño o peso, o el control y mitigación del impacto ambiental y, sobre todo, cuyo fin primordial sea que esos recursos se utilicen para el mantenimiento de la red vial, y no como sucede aquí, donde se gasta en mantener el enorme aparato institucional.

Por último, hay que hablar del exorbitante monto que se paga por dicho impuesto, que no guarda ninguna relación con el nivel de ingreso per cápita del país; además de que, como se anotó, aquí se cobra mucho a cambio de servicios de mala calidad o del todo inexistentes.

Costa Rica se vende como un destino verde, entonces, bien haríamos en aprovechar esa oportunidad para enmendar una injusticia y, de paso, acercarnos a las mejores prácticas ambientales mundiales. En cuando a la disminución en la recaudación, habría que considerar el incremento que ha tenido esta desde que entró en vigencia la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y que empecemos con la pospuesta reforma del Estado.

No podemos seguir manteniendo injusticias simplemente para sostener un archipiélago institucional que hace mucho dejó de satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Atrevámonos a cambiar de receta y empecemos a exigir un país más justo y que utilice mejor ese instrumento para que seamos más amigables con el ambiente.