El proyecto para regular a Uber: ¿más control de precios?

El Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley N° 23736 cuyo título es: “LEY DE TRANSPORTE REMUNERADO NO COLECTIVO DE PERSONAS Y PLATAFORMAS DIGITALES”. Dentro de las muchas carencias de este proyecto destaca una en particular, su artículo 7, que indica lo siguiente:

“(…) El MOPT y el MEIC conjuntamente, con base a la información y estudios técnicos, respectivos, calcularán esta rentabilidad bruta mínima por kilómetro, de forma semestral y la formalizarán por medio de Decreto Ejecutivo en los meses de febrero y agosto, el cual deberá, además de publicarse en el Diario Oficial La Gaceta.”

Después que estos ministerios hayan establecido esta “rentabilidad bruta mínima” las partes podrán establecer un precio, que desde luego, no podrá ser menor a esa “rentabilidad” fijada por la burocracia institucional.

Valga decir, se fijará un precio mínimo y ninguno de los oferentes podrá irrespetarlo. La semejanza con el modelo de los precios mínimos que fijan ciertos colegios profesionales es total.

Mientras el Poder Ejecutivo quiere derogar las tarifas mínimas de algunos colegios profesionales (ver nota aquí), para el mercado del transporte mediante plataformas digitales hace lo contrario, es decir, establece precios mínimos. Esto es una clara contradicción.

¿Cómo debe establecerse un precio?

Más allá de este contrasentido, es necesario recalcar que los precios siempre deben establecerse mediante las transacciones voluntarias que ocurran entre los compradores y vendedores en el mercado.

Porque los precios son las señales que transmiten la información entre las partes. Gracias a los precios podemos conocer la escasez o la abundancia relativa de los recursos.

Es debido a los precios que el consumidor puede determinar su preferencia y voluntad de manera libre. Y gracias a los precios el productor puede determinar sus verdaderos costos a la hora de producir.

Cuando el gobierno interviene y fija por decreto un precio mínimo o máximo, como pretende este proyecto de ley, entonces distorsiona la información que los precios deben transmitir en el mercado.

También la intervención gubernamental, en mayor o menor grado, pervierte las preferencias del consumidor y falsifica los costos de producción. Esto conlleva eventualmente a una mala asignación de los recursos o a la escasez en el mercado.

Por el contrario, cuando los precios se determinan en un mercado abierto mediante la libre voluntad de los consumidores y productores, la información fluye sin obstáculos; en consecuencia, el mercado refleja el verdadero valor de los bienes y se conoce cuál es la abundancia o escasez comparativa de los recursos.

Cuando el gobierno interviene, los precios pueden fijarse artificialmente por debajo del equilibrio en el mercado. Si es así, los proveedores reducirán su producción o bajarán la calidad de su oferta; incluso pueden hasta abandonar el mercado.

Si por el contrario el gobierno interviene y los precios mínimos se fijan artificialmente por arriba del punto de equilibrio, el consumidor pagará más por algo que sin la intervención del gobierno hubiese pagado menos.

En cualquiera de los dos casos se termina perjudicando en última instancia a los consumidores.

La libertad de elegir

Más allá de las consecuencias en la demanda o la oferta para determinado mercado, la intervención gubernamental para fijar un precio mínimo o máximo representa un atentado contra la libertad del hombre.

Esta intervención disminuye la libertad que deben tener los compradores y vendedores para expresar su voluntad. Fijar un precio siempre equivale a una disminución en el grado de libertad que una sociedad disfruta.

Cuando el gobierno fija un precio mínimo o máximo, lo que hace es decirle a las personas: “ustedes no son lo suficientemente inteligentes para determinar cuál es el precio que mejor les satisface”.

Lo que logra el Estado con la fijación de precios es destruir la cooperación que ocurre en el mercado. En su lugar la sustituye en favor del decreto ministerial elaborado por el burócrata que está sentado detrás de un escritorio.

Uber, Didi, Indriver y el resto de las plataformas digitales en el sector de la “economía colaborativa” funcionan hoy muy bien, pero sin la necesidad de que el Estado regule sus precios.

Se le atribuye a Milton Friedman (Premio Nobel en Economía en 1976) esta cita:

“Los controles de precios nunca han funcionado a largo plazo, y siempre han ido seguidos de escasez generalizada, distorsiones económicas y consecuencias imprevistas”.