El riesgo de la destrucción del empleo formal

Es notable cómo podemos perder el significado de algún indicador. Veamos un ejemplo: la Tasa de Desempleo está en 11,8 %. ¿No parece mucho, verdad?

Ahora bien, observemos otro indicador, también usado en el país: la Tasa de Ocupación ‒el cual busca medir cuántas personas mayores de 15 años se encuentran formalmente ocupadas de cada 100 individuos‒, está hoy en 52,8 %, lo que señala una leve mejora ‒unas décimas‒ con respecto al año anterior. No obstante, en los últimos 15 años, cayó de 66,3 % a 52,8 %, lo cual quizás tampoco suena demasiado fuerte, y por eso, nadie lo destacó como alarmante, ni le pidió acciones inmediatas ni al Gobierno ni al Congreso; tampoco hubo cierres en las carreteras ni bloqueos en la Fuente de la Hispanidad.

Veamos si lo decimos diferente: hace 15 años, trabajaban formalmente en Costa Rica 2 de cada 3 personas de las que podían trabajar; hoy, solo 1 de cada 2; es decir, la mitad: una trabaja formalmente, la otra no.

¿No parece increíble? Esa reducción representa en la población actual, ni más ni menos que 547 mil personas que ya no reportan ingresos formales (claramente, siguen teniendo ingresos, porque si no… ¿de qué vivirían?). ¡Más de medio millón de personas!

Veámoslo de otra manera: medio millón de personas que ya no cotizan para su pensión; medio millón de personas que no tienen acceso a crédito formal (ni para vivienda, ni para automóvil, ni tarjeta de crédito) y que son o serán presa de los créditos “gota a gota” o de narcotraficantes; medio millón de personas que no tienen acceso a la salud “pública y solidaria”, porque cuando quieran asegurarse, la Benemérita CCSS les pedirá cuatro años de ingresos retroactivos… ¡qué no van a poder pagar!; medio millón de personas que no contribuyen al mantenimiento de la infraestructura de la salud; medio millón de personas que no pueden planificar sus próximos meses y años por falta de previsibilidad, y que probablemente queden estancadas en su desarrollo; medio millón de personas más cerca de la pobreza.

La disminución del empleo formal no solo tiene efectos en esas personas, sino también tiene efectos negativos significativos en la economía, en la sociedad y en el Estado. Por lo tanto, es importante que el Gobierno trabaje para fomentar un entorno empresarial favorable y políticas que promuevan el empleo formal y la inversión, en lugar de aumentarle los impuestos a las empresas y a las personas.

¿Y cómo podría ayudar el Estado? He aquí algunas propuestas:

1. Competitividad: previsibilidad en el tipo de cambio y reducción de regulaciones sobre los contratos de trabajo.
2. Rigidez laboral: nuestras leyes laborales son inflexibles, lo que aumenta el costo de contratación de trabajadores formales; por tanto, la flexibilización de estas es una imperiosa necesidad.
3. Cargas parafiscales: reducir los impuestos sobre el trabajo, tanto para las empresas como para los trabajadores.

            Ahora, ¿qué podemos hacer los “ciudadanos de a pie”? Exigirles a nuestros representantes que faciliten a las empresas las contrataciones, que reduzcan los impuestos al trabajo y que mantengan una política de empleo competitiva que facilite a las empresas la incorporación de trabajadores. Las jornadas 4×3 podrían ayudar a lograr esto.

            Además, hay que facilitarles la decisión a las personas; es decir, “el premio por la informalidad” (no pagar impuestos) es demasiado alto como para que las personas no se vean tentadas a obtenerlo, sobre todo si esos impuestos no regresan al ciudadano y se quedan en los bolsillos de los funcionarios públicos.