FEES y las Autonomías: ¿Reformar o Perecer?

La reciente marcha en defensa del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) me llevó a rememorar una época pasada, específicamente el año 1991, cuando en la Universidad de Costa Rica (UCR) se incitaba a los estudiantes a protestar contra el programa de ajuste estructural promovido por Thelmo Vargas. En aquel entonces, mientras los estudiantes se movilizaban enérgicamente, yo me encontraba en una encrucijada: participar o no participar. Confieso que, incluso desde esa época, la defensa irracional de las instituciones no me motivaba. 

Con cierto orgullo, puedo decir que la lógica y el sentido común me hicieron quedarme donde debía: en mi casa.

Al reflexionar sobre esos eventos y las marchas actuales, es crucial poner en perspectiva los programas de ajuste estructural implementados bajo el liderazgo de Vargas entre 1985 y 2005. Esas reformas, que en su momento fueron vistas con desconfianza y rechazo, jugaron un papel fundamental para estabilizar la economía costarricense y mejorar su desempeño a largo plazo. Si bien muchos criticaron las medidas, la realidad es que dichas reformas evitaron crisis económicas más profundas y posicionaron a Costa Rica como un competidor más fuerte en el ámbito internacional.

Los ajustes estructurales promovieron la apertura comercial, la liberalización financiera y la estabilidad macroeconómica, políticas que permitieron al país experimentar un crecimiento económico sostenido y una mayor atracción de inversión extranjera directa. En los años posteriores a la implementación de esas políticas, Costa Rica vio un incremento en la inversión extranjera directa, alcanzando un promedio de más del 5 % del PIB en la década de 1990, un crecimiento en las exportaciones de productos de alta tecnología y una reducción significativa de la inflación, que pasó del 22 % en 1991 a un promedio del 11 % en la década siguiente. Estos son solo algunos ejemplos de cómo las decisiones impopulares en su momento demostraron ser efectivas para mantener un equilibrio macroeconómico que facilitó un entorno propicio para el crecimiento económico sostenible.

Sin embargo, en esa época, muchos estudiantes universitarios marchaban con escaso conocimiento, movidos más por el “consejo” o impulso de sus profesores, organizaciones políticas estudiantiles (la mayoría de izquierda) o líderes sindicales, que por un entendimiento profundo de la situación. 

Esta conducta refleja un rasgo muy particular de la cultura costarricense: un enamoramiento irracional por sus instituciones.

Este apego incondicional a las instituciones es, en muchos casos, contraproducente. Ni la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es sinónimo de salud en su totalidad, ni el Banco de Costa Rica es todo el sistema financiero nacional, ni la Universidad de Costa Rica es la educación en sí misma. Estas organizaciones, aunque valiosas, no son más que instituciones, entidades que, en el mejor de los casos, deben servir a la sociedad y no convertirse en tótems intocables. Sin embargo, se les han atribuido valores superiores que crean narrativas que, en definitiva, lo que fomentan es un apego irracional, impidiendo una evaluación objetiva y crítica de su funcionamiento.

En un momento en que la gran mayoría de los costarricenses clama por cambios profundos, es paradójico este apego casi religioso a las instituciones. ¿Cómo podemos implementar las transformaciones necesarias si estas “vacas sagradas” no pueden ser cuestionadas ni reformadas? Tomemos como ejemplo el tema de las autonomías. En el caso de la educación universitaria, la autonomía se ha malinterpretado y se ha usado para convertir a corporaciones públicas como la UCR en torres de marfil, aisladas del resto del Estado, pero, irónicamente, dependientes del financiamiento que todos pagamos.

El debate sobre la autonomía institucional en la educación superior se ha intensificado, especialmente en lo que respecta al manejo de recursos públicos. Sin entrar en discusiones sobre los salarios de los docentes, que es lo menos significativo de esta discusión nacional, es evidente que la autonomía institucional, tal como se ha practicado, ha contribuido a la fragmentación del Estado. En lugar de funcionar como una máquina bien aceitada, donde todos los engranajes cumplen una función para producir bienes y servicios en beneficio de todos, tenemos una fábrica disfuncional, con líneas de producción aisladas que encarecen la operación y generan pérdidas.

Es hora de cuestionar el porcentaje arbitrario que se fijó en la Constitución para el financiamiento de la educación. El 8 % del PIB, que anteriormente era el 6 %, podría haber sido 10 % o 15 %, pero la pregunta que surge es: ¿de dónde salió este número? A pesar de investigar y consultar con expertos en políticas públicas, la respuesta sigue siendo esquiva. Y, queridos lectores, así no se construye una política pública eficiente. Así no se gestiona un Estado que funcione como un todo coherente y que, reitero una y otra vez, es financiado por todos nosotros.

¿Por qué razón los centros de investigación universitarios, que tienen el potencial de generar patentes y otros productos valiosos, no generan sus propios recursos, como sucede en muchas universidades de renombre mundial? Instituciones como el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Stanford, en los Estados Unidos, generan ingresos significativos a través de la comercialización de sus investigaciones. En 2021, por ejemplo, MIT reportó ingresos de más de $450 millones en concepto de licencias y regalías. ¿Por qué la rendición de cuentas y el impulso de carreras que realmente tengan demanda en el país no son el objetivo primario de nuestras universidades públicas? Además, ¿por qué, dentro del FEES, una sola institución se lleva la mitad del fondo?

Como costarricense, creo que estas preguntas son válidas y deben ser planteadas en el debate público. El modelo socialdemócrata que hemos heredado, basado en instituciones, plazas en propiedad para empleados públicos y un Estado protector, está agotado. Ese modelo ha creado una cultura de amiguismo, donde las instituciones se protegen entre sí y resisten cualquier intento de reforma. Es un modelo que, aunque ha sido vendido como sinónimo de desarrollo social, necesita ser superado si queremos avanzar como país.

No podemos seguir avanzando si continuamos aferrados al pasado. Mirar constantemente hacia atrás no solo nos hace tropezar, sino que nos impide ver las oportunidades y desafíos que tenemos frente a nosotros. 

Costa Rica tiene una rica historia de instituciones que han jugado roles cruciales en nuestra sociedad, pero también es necesario reconocer que los tiempos cambian y que nuestras instituciones deben cambiar con ellos. Cambiar o morir, sin apegos. Esa debería ser la consigna.

En conclusión, el debate sobre el FEES y la autonomía universitaria debe ir más allá de la simple defensa de lo que siempre ha sido. Debemos cuestionar, proponer y, sobre todo, actuar en función de un Estado que funcione como un organismo coherente, donde todas sus partes trabajen en armonía para el bien común. Solo así podremos construir un futuro donde las instituciones, en lugar de ser obstáculos al progreso, se conviertan en catalizadores del desarrollo y el bienestar para todos los costarricenses.

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