Independizar la Sala IV

En la Asamblea Legislativa, se encuentran en análisis dos proyectos de ley para independizar a la Sala Constitucional del Poder Judicial, convirtiéndola en un Tribunal Constitucional.

Los expedientes 24017, del diputado Jorge Dengo Rosabal y el 23967, de la diputada Gloria Navas, tienen la noble intención de agilizar la resolución de acciones de inconstitucionalidad, fortalecer la confianza ciudadana y preservar la independencia judicial. Este asunto, fundamental para el Estado de Derecho, aspira a robustecer la protección de los derechos humanos y consolidar el sistema republicano en el país.

De ambos expedientes, parece más integral el 24017, ya que no solo modifica el artículo 10 de la Constitución, sino también el 48 y el 128 donde se menciona la Sala. Además, se abordan el tema del presupuesto y los períodos de reelección asignados al Tribunal Constitucional. Partiendo de los abusos y arbitrariedades permitidos en la Sala IV, a lo largo de las décadas, esos no resultan asuntos menores.

Este megaproyecto constitucional es relevante porque, a diferencia de las opiniones ligeras que puedan surgir, lo más transcendental para el Estado de Derecho es la plena vigencia y tutela de los derechos humanos de todos los ciudadanos. Aun así, se pueden enumerar algunas razones por las cuales es una reforma imperativa:

1. Independizar la Sala Constitucional se vuelve necesario para acelerar las acciones de inconstitucionalidad, que actualmente tardan un promedio de tres años debido al exceso de procesos.
   
   Los magistrados constitucionales, al igual que los malabaristas del derecho, dedican un tiempo excesivo a tareas administrativas, lo que limita su capacidad para ser jueces y resolver casos. Al independizarlos, podrían dedicarse en cuerpo y alma a su función principal, dando velocidad a la justicia constitucional.
2. Asegurar la independencia del Poder Judicial también implica evitar que los magistrados de otras Salas se conviertan en aquellos que “disciplinan” a los de la Sala Constitucional. ¡Qué idea tan extraña! Sobre todo cuando los magistrados constitucionales resuelven en contra de otros colegas.
   
   Además, es crucial evitar que estos magistrados participen en la elección de otras autoridades, ya que después tendrán que juzgarlas en asuntos constitucionales. ¡Un verdadero juego de sillas musicales, pero sin música!
3. Y, para rematar, no podemos olvidar garantizar la independencia del Poder Judicial, porque ser juez y parte al mismo tiempo es la receta perfecta para que los excesos y las irregularidades para crearse beneficios a la medida sean la norma.
   
   Además de que defender lo indefendible, aun cuando contradiga la Constitución, los afecta al restarles credibilidad. En los asuntos que afectan al Poder Judicial, se necesita un órgano jurisdiccional realmente autónomo: ¡Plan fiscal, Empleo Público, Pensiones del Poder Judicial y demás asuntos judiciales requieren esa independencia!

Independizar la Sala Constitucional no solo fortalecerá su legitimidad, sino que también permitirá reducir el tamaño de la Corte Suprema de Justicia. Actualmente, con sus 22 magistrados, parece más una reunión social que una corte. Al sacar a la Sala Constitucional, se reduciría a 15 magistrados, contribuyendo a una mayor eficiencia en la toma de decisiones. Menos es más, especialmente en la justicia.

Después de 34 años de andar juntos, la Sala Constitucional está lista para volar sola como un Tribunal Constitucional independiente, al estilo de muchos países. Por ejemplo, en Alemania, España, Estados Unidos, Colombia y Austria han establecido tribunales constitucionales independientes que han demostrado ser efectivos en la protección de derechos fundamentales y en garantizar la supremacía de sus respectivas constituciones.

Esta transformación no solo fortalecerá su credibilidad e independencia funcional, sino que no costará un centavo más al erario. Solo se moverán las partidas presupuestarias del Poder Judicial que la financian.

Claro, como en toda película, aquí también hay villanos. Los opositores a esta reforma son los conservadores de siempre y, quizás, con razón. En materia penal, el enjuiciamiento de los supremos poderes no es cosa de tribunales ordinarios, sino que la Sala III se lleva el papel protagónico, y la Corte Plena decide en última instancia. ¡Cuidado con quitar a la Sala Constitucional del juego, porque eso concentra más el poder en estas causas penales! Algo que a los partidos tradicionales no les hace mucha gracia.

En resumen, el Proyecto de Ley Sala IV busca darle una mejora a la justicia constitucional y garantizar su independencia del Poder Judicial en Costa Rica. Esta propuesta, tan esencial para el Estado de Derecho, no solo agilizará las acciones de inconstitucionalidad, sino que también pondrá la independencia de la Sala Constitucional en la cima y reforzará el sistema republicano.

         Es hora de dar ese paso audaz y consolidar nuestro sistema de justicia constitucional, alejando al ente de la maraña administrativa en la cual cayó hace tiempo.