Opinión
La CCSS: ¿Realmente de todos y para todos?
RESUMEN
Un sistema de salud y pensiones debería garantizar acceso oportuno, eficiencia y sostenibilidad, pero cuando la burocracia, la mala administración y los intereses particulares se imponen, los ciudadanos terminan excluidos. Mientras algunos defienden la institución, otros se preguntan si realmente cumple su propósito. La solución no está en preservar estructuras ineficientes, sino en transformarlas para que los servicios sean accesibles y sostenibles. Con casi la mitad de la población fuera del sistema y un modelo financiero insostenible, ignorar el problema no es opción.
Los que acostumbran leer mis elucubraciones diarias sabrán que este título está lleno de sarcasmo. Primero, porque yo creo que debemos exigir la prestación de los servicios en vez de defender instituciones; y luego, porque he dicho hasta el cansancio que la CCSS, al igual que el resto del archipiélago institucional que nos obligan a mantener, le pertenece a sus empleados y a grupos de presión específicos. Entonces, ¿para qué deberíamos hacernos esa pregunta?
Lo primero es tomar conciencia de que la existencia de un edificio y su personal no garantiza el acceso a un servicio.
Las listas de espera de 500 días, la expulsión del 47% de la población económicamente activa, la negativa a establecer los tres turnos, el despilfarro de los recursos, la persecución de los profesionales liberales, etc.
Todo eso va en la dirección contraria de la solidaridad y universalidad del servicio que supuestamente brindan. Estamos frente a lo que yo llamo una excelente idea, pésimamente ejecutada.
Ahora bien, yo soy ingeniera, no experta en sistemas de salud o pensiones, entonces no me voy a meter en los aspectos técnicos. Voy a presentar una solución viable desde el punto de vista de optimización de procesos.
Esto llevará inevitablemente consigo la disminución de los costos y la mejora en la calidad de los servicios. Entonces, como ciudadanía, nos debería interesar e importar.
Problemas del sistema:
- Pésima administración.
- Fundaciones diseñadas con base en una realidad poblacional de los años cincuenta.
- Autonomía mal entendida.
- Meter en una misma institución tres actividades con diferentes objetivos.
- Halo de santificación.
- Concentración del 10% del PIB.
- Decisiones en manos de nueve personas que nadie eligió y que no se concentran en cumplir sus objetivos, sino en garantizar la existencia de la institución.
- Junta Directiva sin conocimientos especializados: es imposible que sus miembros sean expertos en salud, pensiones y seguros, lo que lleva a decisiones imprecisas y sin enfoque técnico.
- Representación obsoleta de grupos de presión: en los años cincuenta se otorgó representación a sectores como cooperativistas, solidaristas y sindicalistas, pero estos ya no reflejan los intereses de la sociedad actual. Hoy, esos grupos no representan ni a los pensionados, ni a los profesionales liberales, ni a quienes necesitan los servicios de la CCSS. En lugar de proteger intereses generales, cada grupo tira para su lado, obstaculizando reformas necesarias. Los puestos en la Junta Directiva deben asignarse por conocimiento y no por afiliaciones gremiales.
- Impunidad reinante.
La forma más sencilla de solucionar un problema enorme es dividiéndolo en partes.
Entonces, apliquemos el mismo principio y empecemos por segregar la institución por actividades:
- Operadora de pensiones.
- Prestadora de servicios de salud.
- Aseguradora de gastos médicos.
Con solo esta división ya lograríamos mejorar muchísimo la gobernanza y los controles. Cada una tendría una junta directiva con especialidad en el área técnica y podrían concentrarse en cómo emular a los mejores en esa actividad específica. Además, cada una tendría presupuesto y planilla mucho más manejables.
En cuanto a las pensiones, por mantener un sistema estructurado con base en una realidad poblacional que ya no aplica, entonces vamos a tener que mantener el desastre para las personas próximas a pensionarse y establecer cuentas individuales para quienes ingresan al mercado laboral. Esa operadora de pensiones debe estar en competencia y supervisada por la SUPEN.
Para el seguro médico, sería cuestión de unir operaciones con el INS, que ya tiene experiencia, y así establecer los cupones de salud, de modo que, con base en lo que paguemos, tendremos derecho a un monto y seremos atendidos oportunamente en el hospital de nuestra preferencia.
Todos los centros de salud serán operados por el sector privado, en competencia, sin importar el lugar de residencia. Con esto se acabará con los horarios de 7-4, las paralizaciones en quirófanos por descoordinación, los secuestros sindicales y demás abusos que han hecho de esta institución un lastre para la creación de empleo y el progreso.
El CENDEISS no debe estar dentro de la CCSS, porque entonces los médicos terminan siendo juez y parte. Esto ha llevado a la crisis actual de especialistas, ya que por años han interferido en el proceso de formación para evitar la competencia. Es decir, pusieron el interés particular sobre el ciudadano. La formación de los médicos especialistas debería estar en el Ministerio de Salud, que es el ente rector del sector.
Por último, todo lo que tiene que ver con pensiones de régimen no contributivo, seguros solidarios y la administración de las cargas parafiscales se pasaría al IMAS, que es el encargado de los programas sociales. Es importante tener la discusión sobre si esas cargas parafiscales deben dejar de cargarse a los que generan trabajo, pero eso es tema para otro artículo.
¿Cuál es el proceso a seguir?
- Concientización en la sociedad sobre los beneficios que traerían estos cambios.
- Tercerizar absolutamente todo lo administrativo. Una vez que la planilla y el presupuesto estén bajo control, podemos iniciar el proceso de división, empezando por dejar de operar todos los centros de salud.
- Fusionar los seguros médicos con el INS.
- Reestructurar el sistema de pensiones, el cambio más complejo.
Lo que mantenemos actualmente es un sistema de salud que no podemos usar oportunamente y una estafa piramidal. Todavía podemos hacer los cambios de carril, pero ya el tiempo se nos está acabando.
Con 47% de la población económicamente activa fuera del sistema y 50% de las personas mayores de 65 años sin pensión, nos enfrentamos a un escenario espeluznante en menos de 20 años.
¿De verdad queremos condenar a la pobreza a las personas en su vejez para defender una institución? Ese enamoramiento ciego nos puede salir muy caro. Lo importante es que se garanticen los servicios, y en este momento eso no está sucediendo.
Atrevámonos a cambiar, es mucho más tenebroso seguir por la ruta actual.
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