La Ley Jaguar: Más Allá de la Controversia

Recientemente leí un editorial que abordaba los temas de constitucionalidad, las intenciones del Poder Ejecutivo y las supuestas afrentas a la democracia derivadas de este proyecto. Esa afirmación, que también surge en redes sociales y en la Asamblea Legislativa, me llamó la atención. En tono alarmista, algunas personas afirman que la intención real es desmantelar el sistema democrático costarricense; incluso hay quien lo equipara con el fraude electoral y la pérdida progresiva de derechos democráticos en Venezuela. Creo que aquí hay que darse un baño de realidad y bajarle dos rayitas a la neurosis.

Vista la resolución de la Sala Constitucional, las acciones del Ejecutivo y las reacciones desde la Asamblea, la democracia en Costa Rica no está, ni ha estado, bajo amenaza. En este país nadie pierde su derecho a opinar y hacerse sentir, pues los controles de constitucionalidad y legalidad se mantienen.

Los costarricenses nos creemos “opinólogos”, incluso en temas que desconocemos, y nos encanta la polémica en redes sociales. Nos gana muchas veces la pasión y dejamos de lado la razón. No voy a polemizar en si estoy a favor o en contra del texto en discusión, pero quiero señalar que la oposición política en el país opta por un rol desacertado; en lugar de construir, parece que aguarda cualquier idea que proponga el Ejecutivo para oponerse de inmediato.

En perspectiva, la idea de fondo de esta ley me parece correcta. Si lo que queremos es que la obra pública se ejecute de forma ágil en el país y que los procesos de contratación pública no sean un obstáculo al desarrollo, esta es la discusión que deben tener los distintos actores políticos, buscando la solución más adecuada, sea la “Ley Jaguar” o una alternativa más eficaz.

Más allá de la iniciativa en cuestión, debemos acordar algo: Costa Rica enfrenta desafíos significativos en cuanto a la burocracia que pretendemos erradicar. 

La complejidad de los trámites administrativos y la falta de eficiencia en los procesos gubernamentales son barreras importantes para la ejecución efectiva de proyectos y, sobre todo, los planes de obra pública; así lo señala el Índice de Competitividad Global (ICG) del 2023 del Foro Económico Mundial.

Quiero compartir algunas conclusiones importantes del ICG y otras fuentes sobre la eficiencia del Estado, la labor de la Contraloría General de la República y otros aspectos donde parece haber consenso en las distintas tiendas políticas del Estado.

La Realidad de la Burocracia en Costa Rica

La burocracia en Costa Rica no es un mito, sino una realidad que atrasa el progreso de la nación. Según el ICG, el país enfrenta serios desafíos en la eficiencia gubernamental y en la ejecución de proyectos de infraestructura. Uno de los principales problemas identificados es la complejidad de los trámites administrativos. Ergo, los ciudadanos a menudo se encuentran con un laberinto de regulaciones y procedimientos que deben seguir, lo que detiene la implementación de nuevas ideas y desincentiva la inversión.

Existen ejemplos concretos y, para empezar, podemos revisar la obtención de permisos de construcción. El proceso involucra múltiples entidades, incluyendo un innecesario colegio profesional, municipios, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Seguros (INS). El mismo Banco Mundial, en su informe “Doing Business”, indica que Costa Rica ocupa un lugar bajo en la facilidad para obtener permisos de construcción debido a los numerosos pasos y la cantidad de tiempo que requiere, lo que puede demorar varios meses o incluso años.

La apertura de un nuevo negocio en Costa Rica es un proceso lento debido a la gran cantidad de permisos y licencias que deben obtenerse de diferentes instituciones. Según el Foro Económico Mundial, los empresarios deben pasar por al menos diez procedimientos distintos, lo que puede llevar más de cuarenta y cinco días para abrir una empresa, desalentando la atracción de nuevos proyectos económicos.

Comparado con otros países de la región, Costa Rica se encuentra en una posición desventajosa. Por ejemplo, México implementó el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), que reduce el tiempo para abrir un negocio a 24 horas en algunos estados.

En el ámbito de la infraestructura, Panamá ha simplificado significativamente sus procesos administrativos, lo que ha resultado en un mejor manejo de los permisos de construcción. Según el Banco Mundial, en Costa Rica se necesitan más de ciento ochenta días para obtener todos los permisos para la construcción, mientras que en Panamá el proceso toma aproximadamente ciento veinte días.

En conclusión, uno de los sectores más afectados por la burocracia es el de infraestructura. 

Los proyectos de construcción de carreteras, puentes y hospitales, entre otros, enfrentan constantes retrasos debido a la burocracia de trámites y la fiscalización post-factum de la Contraloría General de la República (CGR). Por ejemplo, proyectos importantes en áreas como transporte y salud se suspendieron temporalmente por observaciones de la CGR que identifican problemas de gestión o incumplimientos normativos.

Además, la falta de una adecuada capacidad de gestión en las instituciones responsables de ejecutar obras públicas resulta en sobrecostos. Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) realizado en 2023, señaló que la ineficiencia en la gestión de proyectos puede aumentar los costos hasta en un 20%. 

El estudio, llevado a cabo por el Centro de Desarrollo de la OCDE, destacó que los proyectos en Costa Rica a menudo enfrentan retrasos y sobrecostos debido a la falta de planificación y la complejidad de los procesos.

Algunas propuestas concretas podrían incluir cosas obvias como:

• Digitalización de trámites para reducir los tiempos de espera y aumentar la transparencia.

• Simplificación de procedimientos administrativos y centralización de servicios en ventanillas únicas.

• Fortalecimiento de la capacidad institucional mediante la capacitación de funcionarios y adopción de mejores prácticas internacionales.

• Mejorar la coordinación interinstitucional desde las etapas iniciales de los proyectos para identificar y resolver problemas tempranamente.

La eficiencia gubernamental es un pilar fundamental para el desarrollo sostenible de Costa Rica, y hoy no estamos ni siquiera cerca de ser ejemplo de eficacia. La CGR tiene un papel crucial en este desarrollo, pero su labor debe complementarse con esfuerzos de simplificación administrativa y fortalecimiento institucional. 

Solo así podremos asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y que los proyectos de infraestructura se ejecuten en tiempo y forma, beneficiando a toda la ciudadanía.

Costa Rica tiene el potencial de ser un líder en la región en términos de eficiencia y transparencia gubernamental. Es hora de que dejemos de lado las diferencias políticas y trabajemos juntos para construir un país más transparente y competitivo. Al final del día, lo que realmente importa es el bienestar de nuestros ciudadanos y el desarrollo sostenible de nuestra nación.

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