La urgencia de un Gobierno Digital en Costa Rica.

Recientemente la Contraloría General de la República (CGR) señaló que se carece de una estrategia formalizada para guiar la transformación digital del sector público. Lleva razón la Contraloría, pero es importante agregar que esa carencia tiene ya más de veinte años de existir.

Mientras en muchos países el camino hacia un Gobierno Electrónico arrancó en la década del 2000-2010, en Corea del Sur ya desde los años 1980-1990 se implementaban plataformas y servicios, administrativos y ciudadanos, para gestionar registros, inscripciones y agilizar los trámites. Hoy por hoy, Corea del Sur es uno de los países más avanzados en los principales indicadores de Gobierno Digital en el mundo.

En nuestro país, desde hace más de veinte años venimos hablando de esfuerzos formales de Gobierno Digital. Ya en el 2002, en el gobierno de Don Miguel Ángel Rodríguez, se echó a andar la iniciativa de correos electrónicos costarricense.cr, una propuesta muy interesante en su momento, que con el tiempo desapareció por el surgimiento de nuevos y mejores servicios internacionales.

Posteriormente se han dado esfuerzos aislados a cargo de distintas organizaciones y entidades, desde las ya desaparecidas Secretaría Técnica de Gobierno Digital y la Comisión Interinstitucional de Gobierno Digital, hasta la nueva Agencia de Gobierno Digital recientemente creada, en un camino lleno de piedras y obstáculos que aún no ha logrado impactar de manera determinante en los objetivos de un verdadero Gobierno Digital.

Distintos problemas de diseño, conceptualización y ejecución han ido dando al traste con las diferentes iniciativas a lo largo de los años. Es por eso por lo cual aún hoy vemos a instituciones públicas que piensan que digitalizar sus procesos consiste en tener disponibles en línea los formularios que todavía usan en papel o en formato PDF, para que los ciudadanos los descarguen, los llenen (a veces a mano) y luego vuelvan a cargarlos en línea, para que el mismo funcionario que los revisa en papel, los imprima y los revise de igual manera. Más difícil de entender es encontrar que aún algunas entidades gubernamentales no aceptan la firma digital como válida.

Esperamos que la nueva Agencia de Gobierno Digital logre resolver todas estas falencias y finalmente generar los cambios trascendentales necesarios que el país requiere, aprovechando todas las ventajas que un verdadero Gobierno Digital ofrece a sus ciudadanos.

Definitivamente la pandemia de la Covid-19 vino a poner una presión extraordinaria sobre la necesidad de digitalizar los servicios del Estado, ante las restricciones de movilidad y de concentración de personas, como la única forma de dar continuidad a los servicios. Lamentablemente, en muchos casos la presión llevó a simplemente digitalizar parcialmente procesos ineficientes y engorrosos para el ciudadano, sin un control claro de cómo los datos recabados se iban a manejar y mucho menos a proteger.

LO QUE NOS ESTAMOS PERDIENDO

Desde 2020, la Contraloría General de la República levantó la bandera roja en su informe de Transformación Digital de la Administración Pública – DFOE-PG-OS-00001-2020 – donde plantea una serie de hallazgos muy relevantes a los que nadie parece haberle puesto la debida atención, lamentablemente.

En este informe la Contraloría habla de cuatro pilares para una transformación digital profunda y necesaria en nuestro Estado:

1. Las personas: relacionado con la necesidad de generar las competencias, el liderazgo y la cultura organizacional necesarias para que un proceso de transformación digital sea exitoso.
2. Los procesos institucionales, los cuales deben ser cuestionados, transformados, y optimizados para evitar ineficiencias y trámites innecesarios.
3. La tecnología, entendiendo que ésta es un medio y no un fin en sí misma, buscando siempre escalabilidad, agilidad, transparencia y accesibilidad, así como también esquemas robustos de seguridad y cierre de brecha digital.
4. Finalmente, el informe menciona la estrategia, como la visión necesaria para reinventar el sistema de manera integral, orquestada, con el ciudadano como eje central de la política pública.

Como país no solo podemos dar el paso hacia una digitalización que traiga beneficios tangibles a los usuarios, a la eficiencia y al mayor aprovechamiento del tiempo de los ciudadanos, en un ambiente transparente y seguro, sino que la misma CGR apunta a un beneficio adicional como lo son ahorros sustanciales para la hacienda pública.

Dice el informe sobre la posible integración de instituciones en un esquema de gobierno digital: “A partir de estimaciones de la Contraloría General, para el periodo 2010-2018 se evidenciaron potenciales ahorros que oscilan entre 2,5% y 2,9% del PIB bajo un escenario de integración sectorial, que implica interacción entre las organizaciones exclusivamente dentro de un mismo sector. Un nivel de ahorro potencial significa que, bajo la estructura productiva actual, sin incurrir en gastos adicionales, es posible obtener un mayor beneficio con el hecho de mejorar en los niveles de eficiencia en las organizaciones”

Más aún, el informe menciona que los ahorros podrían estimarse entre 2,8% y 3,3% del PIB para el quinquenio que terminaría este año (2018-2023), pero es aún más asombrosa la estimación final que hacen en el documento cuando indican que “…bajo un modelo sistémico e integrado a nivel país, los márgenes aumentan hasta alcanzar valores de 8,3% y 8,5% del PIB.”

Un modelo sistémico es un modelo país, diseñado e implementado como una iniciativa integral, orquestada, con los distintos actores trabajando por objetivos comunes, con la transformación digital siendo la herramienta clave para romper todas las barreras estructurales que nuestro país padece.

La pregunta entonces es… ¿cómo no es esta la discusión de fondo en los poderes ejecutivo y legislativo, tres años después de liberado ese informe?  ¿Cómo aún no visualizamos con seriedad el potencial que tendría para nuestra sociedad un esquema formal de transformación digital en el Estado costarricense?

El país cuenta con la capacidad humana, empresarial, académica y de innovación para diseñar e implementar un proyecto de esta envergadura. Ya hay empresas ticas desarrollando proyectos así de complejos y retadores en otros países; ¿por qué no lo hacemos aquí?