Las tarifas mínimas profesionales: ¿protección o barrera?

Los colegios profesionales en Costa Rica han perdido su rumbo y se han convertido en defensores de los intereses de sus agremiados, olvidando su función original de promover el desarrollo de la sociedad y dar garantía de calidad a los usuarios. Esa colegiatura en lugar de ser un requisito obligatorio, debería considerarse tanto un distintivo de prestigio como un sello de garantía y de calidad, una vez que se han cumplido los requisitos académicos y de práctica profesional.

El enfoque actual de estas organizaciones suele centrarse en establecer tarifas mínimas obligatorias, lo cual ha generado barreras para que los profesionales ingresen al mercado laboral y dificultades para que los usuarios accedan a los servicios. Cabe preguntarse entonces: ¿hay necesidad de añadir esos obstáculos innecesarios?

Tarifas y agremiados. En Costa Rica, aproximadamente la mitad de los treinta colegios profesionales existentes tienen tarifas mínimas obligatorias aprobadas; pero esas tarifas no se establecen de acuerdo con criterios técnicos, sino que se definen de manera arbitraria por medio de una junta directiva que sólo eligieron unos cuantos agremiados.

¡Vaya forma de generarle a la gente impuestos adicionales sin aprobación de la Asamblea Legislativa! Además, esas tarifas suelen ser altas para mantener una burocracia interna y consumidora de recursos, por lo que sólo algunos (pocos) ciudadanos pueden pagar los servicios profesionales así encarecidos.

Claramente, eso afecta a los recién graduados de las profesiones que dicen representar y genera una cadena de subempleo y precarización laboral.  Además, las tarifas mínimas no son una garantía real de calidad, ya que con precios fijados de antemano y sin competencia, no hay incentivo para destacarse a través de la excelencia, la innovación o la disrupción.

Para empeorar aún más las cosas, la Sala IV se ha convertido en defensora de estas tarifas mínimas, alegando que los principios de libre competencia no deben aplicarse a los servicios profesionales.  Los magistrados interpretan que estos servicios no pueden volverse una simple mercancía y se les debe garantizar a los profesionales un ingreso mínimo y digno. Sin embargo, en realidad su defensa a ultranza de esta fijación de tarifas, se debe a que junto con los timbres, esta es la principal fuente de financiamiento de la burocracia de los colegios profesionales y lamentablemente, se anteponen la existencia de las instituciones sobre el bienestar de los ciudadanos.

Por otra parte, puesto que solo se han regulado 15 profesiones, se plantean incómodas interrogantes tales como: ¿por qué algunas profesiones deben estar así protegidas y otras no? ¿por qué no se le permite a los profesionales destacarse por medio, nuevamente, de la excelencia, la innovación o la disrupción?

Colegios y producción. No cabe duda que los colegios profesionales han contribuido al encarecimiento de los costos de producción y ese aumento de precio es trasladado a los usuarios. Por ejemplo, el Colegio de Abogados de Costa Rica recauda mensualmente 300 millones de colones por timbres y otros 300 millones por tarifas de sus agremiados. ¿Quiénes terminan pagando esos 600 millones de colones?  ¿Quiénes sino los usuarios de los servicios profesionales legales?

A su vez, el presupuesto del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ha crecido sin parar en los últimos años y sin embargo, esto no se ha traducido en una rebaja de las cuotas a sus agremiados, ni en los impuestos a los servicios de diseño o construcción; con el consecuente incremento en los precios de la vivienda que esto conlleva.  Resulta evidente que ante esas fuentes de dinero, los colegios profesionales se hayan convertido en importantes actores políticos que presionan para mantener su status quo.

En el plano internacional por otra parte, al compararse con otros países de la OCDE, Costa Rica es uno de los pocos que establece tarifas mínimas obligatorias; cuando en México, por ejemplo, sólo se aplican en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo en el precio. Como miembros de la OCDE, es hora de abandonar la defensa a ultranza de instituciones obsoletas y prácticas nocivas a los intereses del consumidor, para adoptar las mejores prácticas internacionales.

En resumen,

a. Resulta evidente que las tarifas mínimas en los colegios profesionales en Costa Rica, han generado más obstáculos que beneficios.

 b. Es hora de cuestionar su obligatoriedad y buscar un enfoque que promueva la competencia y garantice una calidad real en los servicios profesionales.

c. Este cambio es necesario para impulsar la innovación y asegurar un acceso equitativo a sus servicios, dejando atrás las barreras artificiales que solo benefician a unos pocos privilegiados.