Marchamo digital versus privacidad

El marchamo es, en esencia, un impuesto. Ha tenido un método de fiscalización rudimentario, mediante la colocación de un adhesivo al parabrisas de los vehículos. Este sistema, eminentemente analógico, hace que el no colocar el adhesivo se entienda como un incumplimiento en el pago del impuesto, y genere, por sí solo, la imposición de una multa, aunque se haya pagado el impuesto. El mecanismo podía tener sentido en un mundo analógico, en donde los oficiales de tránsito no contaban con dispositivos que permitieran hacer una consulta en línea a una base de datos y verificar si el vehículo ha pagado o no dicho impuesto.

            Pero no toda tecnología posible es deseable en la actualidad de un mundo digital, donde algunos sienten nostalgia por la privacidad que brinda lo analógico. En esa línea, el Ministerio de Obras Públicas, el de Hacienda y el Instituto Nacional de Seguros (INS), han anunciado su intención de aplicar un “marchamo digital” a partir del año 2024, mediante la colocación de una etiqueta con tecnología de radiofrecuencia RFID en cada vehículo, que podrá leerse por la Policía de Tránsito por medio de dispositivos homologados y que mostrará —según se dice— la misma información que tiene el marchamo actualmente. 

            En el comunicado de prensa emitido por Casa Presidencial, se establece que, en una segunda etapa, “…el proyecto permitirá la habilitación de iniciativas hacia la construcción de ciudades inteligentes, hará que el chip en su carro agilice el tránsito durante las presas, dando prioridad a los vehículos de emergencia y hasta abriendo la aguja del peaje o permitiendo el ingreso a parqueos”. Como otras iniciativas en el pasado, se le ofrece al ciudadano tecnología con la promesa de resolverle problemas, y se presentan fines loables como dar prioridad de paso a las ambulancias, construir una ciudad inteligente o eliminar las presas. ¿Quién en su sano juicio podría estar en contra de algo así?

            El problema son los riesgos que entraña este proyecto para la privacidad. No es tanto que se use el chip para controlar el pago del marchamo, sino son los otros usos que el Estado puede hacer del chip, o incluso particulares, en esa segunda etapa que se mencionaba (o en una tercera, o en una cuarta). El chip permite que un vehículo sea rastreado de forma indiscriminada si se colocan lectores en la vía pública, y no solo para verificar el pago del impuesto, sino con cualquier otra finalidad, y si al lector del chip le colocan una cámara: voilà, se tiene un poderoso instrumento de vigilancia masiva, que comenzó en una primera etapa como un inofensivo dispositivo para controlar el pago del marchamo por módicos dos mil colones.

            Si la finalidad es verificar el pago del impuesto, sería más sencillo que, utilizando el número de matrícula de cada vehículo, un oficial de tránsito consulte la base de datos del INS y verifique si el vehículo pagó o no el marchamo. Para eso no se necesita ni adhesivo ni chip. Es una solución no solo más barata, sino más respetuosa de la privacidad. Se debe recordar que el uso del chip será obligatorio, so pena de ganarse una multa, o incluso perder las placas del vehículo. Si está pensando en qué se diferencia esto de los dispositivos tipo quick pass que ya existen en el país, es muy sencillo: en estos casos, las personas voluntariamente contratan un servicio, que está sujeto a unos términos y condiciones y en donde el titular del servicio puede simplemente quitar el dispositivo del vehículo cuando quiera. De manera similar, si la idea es permitir que las ambulancias o los bomberos tengan prioridad de paso, se les pondría el chip a las ambulancias, no a toda la flotilla vehicular nacional.

            Entre verificar si se pagó o no el impuesto de su vehículo y diseñar una ciudad inteligente hay una gran diferencia. El INS no tiene dentro de sus funciones atribuidas por ley el diseño o la construcción de ciudades inteligentes. Pareciera que, entonces, invertir fondos públicos de una empresa estatal que comercializa seguros, para adquirir tecnología que permita diseñar ciudades inteligentes, no guarda relación. No es necesario adoptar tecnología que potencialmente pueda afectar el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales de toda la población para controlar el pago de un impuesto. Es construir un lanzacohetes para matar una mosca, confiando en que sus diseñadores solo lo utilizarán para matar moscas.

            Cualquier proyecto que involucre cantidades masivas de datos personales de los ciudadanos debe ir precedido de una evaluación de impacto de la privacidad, y establecer reglas claras sobre quién será el responsable de los datos personales, los criterios para que estos datos sean accedidos o transferidos a terceros, y las medidas de seguridad que deberá contener la base de datos que se configure. La problemática que se presenta en Costa Rica es que la legislación actual de protección de datos personales no contiene garantías suficientes para que el ciudadano pueda sentirse seguro, los antecedentes recientes (UPAD o Pruebas Faro), han generado un daño severo a la credibilidad del Estado respecto a la privacidad, y el regulador (Agencia de Protección de Datos) simplemente no regula.

            Por eso, resulta esencial que se aprueben los proyectos 23.097, que reforma integralmente la Ley de Protección de Datos Personales, y 22.063, el cual incluye la protección de datos personales como un derecho constitucional. Estas iniciativas de ley son habilitadoras indispensables para que el Estado desarrolle proyectos tecnológicos con garantías para el ciudadano. Sin embargo, estos proyectos no han sido convocados por el Ejecutivo a sesiones extraordinarias. Otras instituciones, como la Contraloría, la Defensoría de los Habitantes y la misma Agencia de Protección de Datos deberían intervenir proactivamente ante estas iniciativas, para evitar que se liciten proyectos y se adjudiquen, y luego se pierdan fondos públicos porque nadie advirtió los riesgos intrínsecos.