Reforma del Estado: Ordenar el País es Imposible por Partes

En la Comisión de Asuntos Hacendarios se discutió el proyecto N.° 23177, que busca eliminar una serie de impuestos de baja o nula recaudación. Más allá de la propuesta, es importante resaltar lo que esta discusión evidenció de manera indirecta: los muchos obstáculos que enfrenta el Estado costarricense en cada ámbito de su gestión.

El debate en la comisión giró en torno a la pérdida de recursos que implica la eliminación de algunos impuestos para la Hacienda Pública, pues está claro que una disminución de ingresos afecta las funciones del Estado. Por otro lado, el diputado Carlos Felipe García propuso que uno de los impuestos que se pretende eliminar financie la regularización del personal que atiende los comedores escolares. En resumen, por un lado, se buscan eliminar impuestos y, por otro, se crean nuevas obligaciones. Se quiere simplificar el sistema tributario, pero al mismo tiempo se defienden los recursos del sistema actual.

Como mencioné al principio, más allá de las posturas sobre la iniciativa, el dilema central para la clase política es el financiamiento del Estado y sus obligaciones presupuestarias. Tanto los intentos de asignar recursos a obligaciones pendientes como las propuestas de eliminar impuestos tienen sus razones, pero la pregunta sigue siendo: ¿qué hacer?

El Estado costarricense necesita modernizarse; mientras las necesidades de la población evolucionan, las herramientas del Estado se quedan atrás. 

Las grandes discusiones: quiénes, dónde y cuándo

En este debate sobre los recursos públicos, todas las partes tienen algo de razón, lo que plantea un dilema en el día a día del Congreso y el Poder Ejecutivo. Sin embargo, la respuesta no la tienen quienes ocupan esos cargos hoy, sino quienes los ocuparán en el futuro. Mientras no se inicie un diálogo nacional sobre los grandes temas que deberían ocupar la agenda pública, los arreglos parciales continuarán alimentando una discusión sin fin sobre el presupuesto. El país tiene necesidades urgentes y, al mismo tiempo, enfrenta limitaciones fiscales que comprometen su atención.

Desde mi perspectiva, es un error que la sociedad civil siga debatiendo sobre estas medidas paliativas que discuten los diputados y plantea el Ejecutivo. Es comprensible que las autoridades busquen soluciones políticamente viables, pero desde la sociedad civil y los partidos políticos se debe comenzar a discutir el modelo de Estado que queremos construir.

Esto no es una invitación a dejar de prestar atención a lo que hace el Gobierno, sino a comprender que los grandes cambios sociales no ocurren de la noche a la mañana. 

Quienes ocupan hoy esos cargos no serán quienes lideren la tan necesaria reforma del Estado, porque ese proceso de discusión ni siquiera ha comenzado. Siempre he creído que gobernar es resolver problemas el 90 % del tiempo, y el restante 10 % se dedica a desarrollar el proyecto político propuesto en campaña. Las grandes soluciones requieren grandes discusiones que trascienden los cuatro años de una Administración o una Legislatura.

Si como ciudadanía iniciamos verdaderos diálogos, la tarea de desarrollar un proyecto político nacional tendrá más espacio en la agenda gubernamental. Es fundamental alcanzar consensos básicos en temas como el sistema de salud, el modelo educativo o el sistema tributario. Lo curioso es que ya existen algunos de esos consensos, aunque de forma desarticulada. Ponerse de acuerdo sobre las causas de los problemas es un enorme avance, pero sin un diálogo serio y articulado, esos acuerdos mínimos se pierden entre el ruido mediático.

Postergar el diálogo tiene costo y plazo

Costa Rica tiene una particularidad en cuanto a grandes reformas políticas y sociales. A diferencia de otros países, donde estos cambios llegan tras conflictos armados o caos social, la ausencia de ejército y nuestra cultura política de diálogo han evitado ese camino. 

Sin embargo, esto no durará para siempre; el contrato social costarricense se está agotando, debilitando el consenso sobre el papel del Estado.

El descontento social, el apoyo a discursos autoritarios y la desconfianza en las instituciones son síntomas claros de ello. Es crucial que las fuerzas políticas demócratas comprendan que, si no toman en serio este desgaste, perderemos la oportunidad de construir un proyecto de nación de manera pacífica.

Algunas iniciativas están surgiendo, aunque de forma desarticulada, como la propuesta de SUPEN de iniciar una discusión multisectorial sobre pensiones o la del PUSC de reactivar mesas de trabajo para elaborar propuestas programáticas. Sin embargo, es necesario articular esos esfuerzos y llevarlos a un nivel nacional

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