Regular precios de medicamentos: el camino a la escasez

En los laberintos de la legislación, incluso las mejores intenciones pueden traducirse en resultados contraproducentes. Como reza el dicho:

“El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones”

Esto se evidencia en legislaciones como la Ley de Usura, la cual, a pesar de buscar proteger a los consumidores del cobro de intereses excesivos, terminó excluyendo a miles de personas del sistema financiero. Es probable que los legisladores de entonces, convencidos por argumentos populistas y sin un análisis técnico profundo, no anticiparan que distorsionaría al mercado financiero.

Este tipo de regulación que busca intervenir en el mercado, según el artículo 5 de la ley 7472 (Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor), debería ser excepcional y siempre temporal, dados los efectos adversos potenciales para los consumidores que, en este caso, fueron dramáticamente negativos.

En la antesala del populismo legislativo actualmente se discute un proyecto de ley bajo el expediente legislativo No. 23.234, con un nombre muy atractivo: “LEY DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA EN EL MERCADO DE MEDICAMENTOS”.

Probablemente se preguntarán ¿qué podría tener de malo promover la competencia en el mercado de los medicamentos si en Costa Rica es bien sabido que éstos son carísimos? La respuesta a esa pregunta es… NADA. Efectivamente toda medida que promueva una competencia efectiva debería ser incentivada puesto que, al final del camino, beneficia a los consumidores.

Sin embargo, como sucedió con la Ley de Usura, esta propuesta de ley engancha solo con el nombre ya que en el fondo tiene disposiciones que, aunque bien intencionadas, podrían resultar nefastas para el consumidor.

En varios de sus aspectos, el proyecto parece cumplir su promesa de fomentar la competencia:

• Mejora la información para los pacientes.
• Permite la intercambiabilidad de medicamentos bioequivalentes.
• Acelera la homologación de registros sanitarios para aquellos medicamentos aprobados por entidades de renombre mundial.
• Propone un observatorio de precios para informar a los consumidores dónde pueden encontrar medicamentos más económicos.

No obstante, estas medidas requieren un escrutinio cuidadoso, especialmente el observatorio de precios, que podría inadvertidamente facilitar la colusión y el establecimiento de precios uniformes inflados entre competidores, en lugar de fomentar una competencia real.

Por otra parte, en mi criterio, el problema más grave de la propuesta es la introducción de un mecanismo para la regulación de precios. Quisiera en este sentido ser sumamente claro de que no defiendo ni abogo en forma alguna por la industria farmacéutica. Sin embargo, como especialista en derecho de la competencia, me parece de suma importancia estudiar a fondo la estructura del mercado de las medicinas con el fin de determinar si hay prácticas, entre los importadores, que podrían resultar violatorias de la competencia, y por tanto encarecer los productos para los costarricenses. 

No puedo afirmar nada porque, precisamente, a la fecha no ha habido un estudio confiable que presente claramente como operan las dinámicas en este mercado.  En este sentido, tengo entendido que la Comisión para Promover la Competencia está iniciando un estudio en esta materia, el cual permitiría tomar decisiones con base en criterios técnicos. 

Sin embargo, el populismo siempre hace más ruido y, en el caso de la propuesta de ley en análisis, aún más. De hecho, los proponentes lograron convencer en forma errónea a la mayoría de los diputados de la comisión de asuntos económicos de la Asamblea Legislativa que “la regulación de precios de los medicamentos se realizará mediante la metodología utilizada por los países miembros de la OCDE, que permita obtener un precio referencia a los medicamentos que ingresen al país. Para esto la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, deberá solicitar dicha colaboración a la OCDE, con el fin de que se realicen los estudios correspondientes que permitan definir un precio de referencia”. 

Resulta que, por esas cosas de la vida, en dos de mis especializaciones en derecho de competencia he tenido la suerte de ser alumno de la cabeza de la división de competencia económica de la OCDE y cuando pregunté por este tema, no solo quedé mal, sino que casi me retiran los títulos. En definitiva,

La OCDE nunca ha promocionado, patrocinado u organizado metodología alguna para la regulación de precios de los medicamentos. 

Si acaso, todo lo contrario, ya que éstas son barreras a la competencia.

Cabe destacar que la regulación de precios, aunque atractiva en esta dinámica populista, a menudo resulta en desabastecimientos y en la reducción de la oferta de medicamentos esenciales.

Por ejemplo, en El Salvador, tras la implementación de una política similar, se observó una disminución en los precios de medicamentos comunes, pero también el retiro del mercado de tratamientos críticos. Medicamentos como Humira (adalimumab), utilizado para varias condiciones autoinmunes, y varios tratamientos para el cáncer como Rituxan (rituximab) y Zoladex (goserelin), fueron retirados del mercado salvadoreño debido a la inviabilidad económica que generó la fijación de precios.

Estos ejemplos deben ser una advertencia para Costa Rica.

La dependencia del país de medicamentos innovadores importados y la robusta industria local de genéricos no deben ponerse en riesgo por políticas que, aunque bien intencionadas, pueden tener efectos devastadores en la disponibilidad de tratamientos esenciales.

Antes de proceder con regulaciones de precios, es esencial que se realice un estudio técnico profundo con el fin de comprender la dinámica del mercado farmacéutico y asegurar que las medidas adoptadas no solo sean efectivas sino también prudentes.

En lugar de precipitarse a adoptar medidas populistas que podrían tener consecuencias duraderas y negativas, la Asamblea Legislativa debería esperar los resultados del estudio de la Comisión para Promover la Competencia. Este enfoque permitiría identificar y abordar cualquier práctica anticompetitiva sin comprometer la accesibilidad a medicamentos esenciales ni la sostenibilidad del sistema de salud.

En resumen, aunque la intención de reducir los costos de los medicamentos es loable, es crucial que las políticas implementadas no repitan los errores del pasado. La regulación de precios, especialmente en un sector tan crítico como el de la salud, debe manejarse con cautela extrema para evitar resultados adversos que podrían afectar la salud y el bienestar de la población costarricense.

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