Representatividad ciudadana en la política costarricense

En las últimas décadas se ha visto como la representatividad de los ciudadanos en los partidos políticos ha disminuido. Situación que se refleja no solo en bases partidarias cada vez menores, sino en el alto abstencionismo, ya tradicional, en las elecciones presidenciales. Según los resultados electorales de la segunda vuelta del 2022, publicados por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la elección presidencial fue definida por tan solo el 57 % del padrón, es decir, hubo un abstencionismo del 43 %, el más alto que se ha visto desde 1953.

Por lo anterior, el pluripartidismo no vino a resolver la representatividad ciudadana, ya que en la primera ronda electoral del 2022 participaron 25 partidos y, sin embargo, el abstencionismo se incrementó. De hecho, la falta de representatividad fue una de las principales causas del abstencionismo, según encuesta realizada por el CIEP-UCR en marzo del 2022, tras las elecciones de la primera ronda. Si se toman en cuenta los datos más recientes publicados por el CIEP-UCR, tanto los partidos políticos como los diputados recibieron las valoraciones más bajas por los encuestados, con un 4,4 y un 5,4 % de apoyo respectivamente.

¿Cuáles son las posibles causas de este fenómeno? Según el estudio del CIEP-UCR, el 56 % de los encuestados consideró que los congresistas legislan en función de intereses propios y no de la ciudadanía. Adicionalmente, el 79 % de los entrevistados manifestó no tener simpatía partidaria. En síntesis, hay un descontento generalizado por los partidos políticos y los representantes que eligen para ocupar curules en el Congreso.

¿Cómo podría solucionarse este problema? Desde el punto de vista de la representatividad, es imperativo un mejoramiento en la oferta partidaria, esto inicia con la exigencia de requisitos mínimos para la conformación de los partidos y su participación en las elecciones, de manera que respondan no solo a una ruta ideológica, sino a una programática para la resolución de los problemas del país. Para ello, se requiere de una ley que exija a los partidos políticos: la formación de cuadros de dirigencia; la realización de proyectos programáticos (o congresos ideológicos) recientes y debidamente respaldados, que permitan evidenciar la representatividad de distintos sectores nacionales; la canalización formal y documentada de demandas ciudadanas, además de contar con elecciones distritales. Esto con el fin de que, en las elecciones, participen las agrupaciones que tienen un proyecto país, que representan a distintos sectores y que busquen responder a problemas nacionales.

Lo anterior, sin embargo, no garantizaría la integridad de la dirigencia de los partidos, ni el buen actuar de los representantes elegidos. ¿Qué hacer entonces bajo este escenario? Previo a la campaña electoral del 2022, se discutió en los distintos medios de comunicación acerca de la necesidad de evaluar el desempeño de los legisladores, pero ¿es esto posible hoy?, ¿quién podría entonces evaluarlos y con base en qué criterios? Actualmente, no existen mecanismos para la evaluación de los legisladores que permitan tomar acciones concretas, por ejemplo, su despido o cambio. No obstante, cabe preguntarse cuáles serían los criterios considerados para evaluar de manera imparcial el desempeño de los diputados.

Según el politólogo Gustavo Araya, la evaluación se podría centrar en indicadores como:

• Presencia del diputado en las discusiones legislativas.
• Cantidad, calidad e impacto de los proyectos de ley presentados. Sobre estos, se podrían pronunciar la Contraloría General de la República para evaluar su viabilidad financiera, la Asesoría Jurídica de la Asamblea Legislativa para evaluar su viabilidad legal y el Estado de la Nación para evaluar su pertinencia e impacto para la población.
• Ejercicio del control político, mismo que no debe limitarse a discusiones entre diputados, sino más bien a acciones concretas como: presentación de estudios técnicos para respaldar sus posiciones ante los diversos temas, presentación de denuncias ante las instancias pertinentes, según cada caso y, finalmente, propuestas de soluciones o contrapropuestas a las tesis o iniciativas de sus contrarios políticos, o bien, de funcionarios públicos que comparezcan ante la Asamblea Legislativa.
• Canalización de demandas de la sociedad, cumplimiento que se puede medir al conocer la cantidad de solicitudes de audiencia recibidas y la cantidad de audiencias concedidas. Asimismo, gestiones concretas realizadas en respuesta a las solicitudes de la ciudadanía, ya sea mediante la presentación de proyectos que resuelvan la necesidad, gestionando ante otras instancias públicas involucradas posibles soluciones de la necesidad o presentando contrapropuestas a lo planteado por los ciudadanos, basadas en evidencias.

Por otra parte, si no hay conformidad con el sistema político actual, cabe considerar entonces cuál es el sistema político deseado, para facilitar la puesta en marcha de políticas públicas con una verdadera visión de desarrollo. Al respecto, algunos han planteado la instauración de un sistema semiparlamentario en el que impere la figura presidencial, elegido por voto popular, pero a esta se sumaría la figura de un primer ministro, quien tiene comunicación directa con el poder legislativo y media para la toma de acuerdos país. Del mismo modo, bajo este sistema, tanto el presidente como el primer ministro pueden ser removidos de su cargo por el Poder Legislativo.

Otra posibilidad sería un sistema parlamentario, donde el poder emana del parlamento (o Asamblea Legislativa), mismo que elige al primer ministro y en consenso entre ambos se propone al presidente del país o canciller. En ambos casos, se requeriría de la confianza de la población en el primer poder de la República, con lo que no se cuenta desde hace ya algunas décadas.

Ante esta disyuntiva, sin importar el sistema político que se defina tener, se sugiere que los ciudadanos busquen evolucionar hacia una democracia directa, más participativa; en la que el ciudadano tenga el poder de decidir sobre factores de peso que inciden en el rumbo del país, como ocurre en Suiza. ¿Qué se requiere cambiar para llegar a esto?, será el tema de un próximo artículo.