Retroceso en salud: el impacto de la burocracia en Costa Rica

La reciente anulación del Decreto Ejecutivo N.º 43590 por parte de la Sala Constitucional, que permitía la homologación de registros sanitarios para medicamentos aprobados por autoridades internacionales de renombre, es una clara muestra de cómo la burocracia y el exceso de precaución pueden frenar el progreso y la eficiencia en el sistema de salud costarricense. Esta decisión es lamentable y evidencia el anacronismo que a menudo domina los altos estrados de nuestro Poder Judicial.

El verdadero problema radica en un ambiente de confrontación que se ha creado contra el Poder Ejecutivo, lo que lleva al rechazo de ideas valiosas. Es evidente que el Decreto N.º 43590 representaba un paso necesario hacia la modernización del sistema de registro sanitario en Costa Rica. Al permitir que el Ministerio de Salud reconociera registros otorgados por entidades como la FDA de Estados Unidos y la EMA de Europa, el decreto confiaba en la rigorosidad y altos estándares de estas instituciones, que solo autorizan productos seguros y eficaces.

Sin embargo, en lugar de aprovechar esta validación internacional, la Sala Constitucional insiste en mantener al país en un estado de desconfianza, exigiendo procesos redundantes que incrementan los costos y retrasan el acceso a medicamentos vitales para la población.

La lógica detrás de la homologación es simple y contundente: si un medicamento ha superado estrictas pruebas de calidad y seguridad en países con altos estándares regulatorios, es innecesario repetir todo el proceso en Costa Rica. 

Insistir en reinventar la rueda es una pérdida de tiempo y recursos. 

La homologación, lejos de excluir la posibilidad de controles adicionales por parte del Ministerio de Salud, tal como establecía el propio decreto, permitía una evaluación más ágil, reduciendo tiempos de espera y costos. Un mayor número de registros de países reconocidos abriría la posibilidad de importar medicamentos de diferentes casas farmacéuticas, lo que introduciría una competencia que siempre beneficia al consumidor. La competencia vigorosa tiende a reducir los precios, un efecto positivo que la Sala, la Procuraduría y el Colegio de Farmacéuticos parecen desconocer o ignorar.

Los argumentos presentados por la Procuraduría General y el Colegio de Farmacéuticos en apoyo de la inconstitucionalidad del decreto son, en el mejor de los casos, una muestra de exceso de precaución. En realidad, invitan a sospechar sobre los intereses que podrían estar detrás de esta posición. Alegar que una declaración jurada no es suficiente para garantizar la calidad de los medicamentos es ignorar que esta es solo una parte del proceso de homologación, que incluye la verificación de documentación y la posibilidad de realizar controles post-homologación.

Además, criticar la falta de consulta previa con sectores interesados ignora la urgencia de mejorar el acceso a medicamentos, que debería primar sobre trámites interminables y consultas eternas.

Resulta irónico que la acción de inconstitucionalidad se impulse bajo la premisa de proteger la salud pública, cuando en realidad lo que se está protegiendo es un sistema arcaico, lento y costoso que perjudica a los pacientes. En un mundo globalizado, donde las enfermedades no conocen fronteras, es absurdo pensar que Costa Rica, un país con recursos limitados, puede competir en rigor y capacidad técnica con agencias reguladoras de primer nivel.

La decisión de la Sala Constitucional refleja una falta de confianza en estas instituciones internacionales y una insistencia en un control nacional que no agrega valor, pero sí costos y demoras.

El Estado tiene la obligación de proteger la salud de sus ciudadanos, pero esta protección no debe convertirse en un obstáculo para el acceso a tratamientos modernos y de alta calidad. La homologación de registros sanitarios basada en estándares internacionales es una herramienta eficaz para agilizar este acceso, sin comprometer la seguridad. 

Es momento de dejar de lado la desconfianza infundada y adoptar una visión más moderna y eficiente de la regulación sanitaria, que no solo beneficie a los pacientes, sino también a la economía y al sistema de salud en general.

La decisión de la Sala Constitucional de declarar inconstitucional el Decreto N.º 43590 representa un retroceso significativo para la eficiencia y seguridad del sistema de salud costarricense. 

Es imperativo que los tomadores de decisiones en nuestro país reconozcan que la colaboración internacional y la confianza en las autoridades regulatorias de primer mundo no son una debilidad, sino una fortaleza. Despreciar esta confianza y optar por procesos internos redundantes solo sirve para retrasar el progreso y mantener a Costa Rica rezagada en un mundo que avanza a pasos agigantados en el acceso a la salud.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.