Subsidiariedad: cómo hacer que las cosas pasen en lo público

Estamos en esa época en donde nuestros pueblos comienzan a llenarse de rótulos con rostros de personas que piden nuestro voto en las próximas elecciones municipales.  Esta vez, por el efecto de la legislación, vemos más rostros nuevos reemplazando a ciertos señores feudales que han reinado décadas en algunos municipios.

Desde una perspectiva liberal, las elecciones municipales deberían revertir el máximo interés y participación, ya que en la tensión entre la centralización y la descentralización del poder, los liberales siempre deberíamos abogar por esta última. Allí emerge el denominado principio de subsidiariedad como brújula indispensable dentro del liberalismo. No hablamos mucho de él en Costa Rica, quizá porque el término nos suena más bien a subsidios estatales, pero significa justo lo contrario.

Desde la perspectiva liberal, entendemos el subsidiarismo como el principio según el cual las necesidades sociales deben encomendarse a la organización social más básica con capacidad de realizarlas.  Esto implica que todo lo que pueda ser hecho por el individuo, o desde un nivel social más básico, la familia, los vecinos, el condominio, el barrio, o el municipio; no debería ser hecho por el Estado, cuya participación solo se justifica cuando los individuos u organizaciones sociales básicas no puedan resolver necesidades específicas por sí mismas.

Aunque paradójico por la estructura vertical de la Iglesia Católica, el principio de subsidiariedad nació como una respuesta de la Doctrina Social de la Iglesia frente a las dictaduras totalitarias del Siglo XX, sobre todo el comunismo. De hecho, Pío XI en la Encíclica Cuadragésimo Anno, de 1956, lo definió así:

“Se trata de un principio fundamental de la filosofía social, el cual es fijo e inamovible, que dicta que no es justo alejarse de los individuos y comprometerse con la comunidad, en los asuntos que pueden ser resueltos por las propias empresas o industrias. Así también es una injusticia y al mismo tiempo una perturbación maligna del orden establecido, el transferir a una comunidad más amplia y elevada, funciones que pueden ser efectuadas y proveídas por cuerpos subordinados y de menor rango. Al igual que para cualquier actividad social, por su propia naturaleza tiene que comprobar que es útil a los miembros del cuerpo social, y nunca destruirlos o absorberlos”

Pío XI

En el contexto liberal, este principio comenzó a tomar forma en el siglo XIX, en respuesta a los crecientes Estados centralizados y la industrialización. Fue concebido como un método para preservar la libertad individual y promover la iniciativa local frente a un Estado omnipresente. En las sociedades liberales modernas adquiere relevancia en la búsqueda del equilibrio entre la autonomía individual y la eficiencia gubernamental. En Europa, el principio fue incluido en el Tratado de Maastricht de 1992, uno de los tratados fundacionales de la Unión Europea, para garantizar que las decisiones se tomen lo más cerca posible de los ciudadanos y que la Unión Europea no intervenga si una acción puede ser realizada de manera más eficaz a nivel nacional, regional o local.

Desde una visión del liberalismo contemporáneo, el principio de subsidiariedad aboga por que las decisiones se tomen al nivel más bajo posible en la pirámide de la organización social, es decir, lo más cercano a los ciudadanos afectados. Esto implica un fuerte énfasis en la importancia de los gobiernos municipales. Estas entidades, por su proximidad a los ciudadanos, están en una posición única para comprender y responder a sus necesidades de manera más efectiva que un gobierno centralizado.

Lamentablemente, en Costa Rica el municipalismo es más bien gamonalismo. Lejos del subsidiarismo y el fomento a la toma de decisiones comunales, tenemos 81 mini leviatanes (municipalidades) cuya incidencia en la vida de la comunidad suele reflejarse, en el mejor de los casos, en tapar huecos, cobrar impuestos, recolectar basura y a veces, algunas iniciativas de ornato. Honrosas, pero aun insuficientes excepciones existen en algunos municipios con alto desarrollo humano, pero en general, las comunidades en donde mayor incidencia podría tener el subsidiarismo porque sus poblaciones no pueden resolver sus necesidades por sí solas, los municipios son fallidos, en buena medida, por la incompetencia manifiesta de quienes los regentan.

Así como el Gobierno central no puede cubrir todas las carencias nacionales, tampoco lo pueden hacer los municipios, de allí que la subsidiariedad no se limita solo a las estructuras gubernamentales; también implica un papel activo de la sociedad civil. En una sociedad liberal, se alienta a los individuos, a las organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles a asumir responsabilidades y funciones que, de lo contrario, serían monopolizadas por el Estado. Esto fomenta una cultura de participación y responsabilidad, vital para el mantenimiento de una sociedad libre y dinámica.

El principio de subsidiariedad ofrece un equilibrio entre la libertad individual y la intervención estatal. Al abogar por la toma de decisiones a niveles inferiores y promover la participación activa de la sociedad civil, este principio no solo fortalece la autonomía local sino que también contribuye a una sociedad liberal más resiliente y adaptativa. En municipios liberales, la aplicación del principio de subsidiariedad debería reflejarse en una mayor incidencia comunal en educación, medio ambiente, seguridad y salud. Esto solo puede lograrse involucrando a los mejores cuadros de personas en los puestos de elección popular, y ejerciendo cada uno nuestra principal responsabilidad cívica: ir a votar.

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