Trazando el futuro educativo: la urgencia de una reforma para el siglo XXI

La educación costarricense fue motivo de orgullo nacional hasta hace algunos años.  Es por ello que su deterioro es motivo de preocupación y genera dudas respecto de su futuro como promotora de ascenso social, si no se toman acciones urgentes.  En este contexto, el Ministerio de Educación Pública, ente rector del sector educativo, cumple tres cuartos de siglo de historia, razón por la cual resulta de particular interés establecer algunas fechas importantes, relacionadas con el desarrollo de la educación en nuestro país. 

En 1825 se aprueba la Constitución del Estado Costarricense y la Ley Fundamental del Estado, que le confía a éste la obligación de desarrollar la educación nacional.  Luego, en 1828 se encarga, a las Municipalidades, la responsabilidad de evaluar y nombrar al personal docente de cada centro educativo respectivo así como de velar por los gastos y las necesidades de los estudiantes.

En 1849, el Dr. José María Castro Madriz crea el Consejo de Instrucción Pública, siendo que las municipalidades mantienen a su cargo la supervisión de los centros educativos de la época.  Finalmente, en 1869 se crea el Ministerio de Instrucción Pública, con el cual el Poder Ejecutivo asume el control del incipiente sistema educativo costarricense.

Posteriormente, en 1885 se lleva a cabo una de las primeras reformas educativas de nuestro país, de la mano de su Ministro de Instrucción Pública, Mauro Fernández Acuña, uno de los grandes impulsores del proceso de alfabetización de Costa Rica. 

Cabe destacar que la creación de instituciones emblemáticas como el Colegio San Luis Gonzaga (1869), el Liceo de Costa Rica (1887), el Colegio Superior de Señoritas (1888) y la Escuela Normal de Costa Rica (1914) hablan de la importancia que se le dio a la educación durante todo este período.  De manera particular, la creación de este último centro de formación de educadores, durante el mandato presidencial de Alfredo González Flores, impactó de manera profunda la calidad de la educación costarricense.  Las acciones anteriores evidencian que los gobernantes de la época comprendían la importancia fundamental que tenía la preparación de los maestros y profesores, en la calidad y la excelencia de la educación.

El 8 de mayo de 1948, una vez que la Junta Fundadora de la Segunda República asume el ejercicio del gobierno, la Secretaría de Instrucción Pública toma oficialmente el nombre de Ministerio de Educación Pública (MEP).  Adicionalmente, en 1949 se integra, en la Constitución Política, un capítulo destinado a la educación, con lo cual se sientan las bases del sistema educativo público tal y como lo conocemos.

Finalmente, en 1951 se establece el Consejo Superior de Educación, ente máximo que regula todo el sistema educativo y, en 1957, se promulga la Ley Fundamental de Educación.

Ahora bien, entrando en el campo filosófico y tomando en consideración la realidad social, económica y poblacional de Costa Rica en este ya avanzado siglo XXI, vale la pena revisar el estado actual del sistema educativo público costarricense. ¿Está cumpliendo con su llamado a ser motor de ascenso social?

Según datos del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), el 70% de todos los títulos de educación superior están siendo otorgados por las universidades privadas, lo que lleva a cuestionarse si la inversión que se está realizando, en la educación pública, está respondiendo a las necesidades de la población.

En esta misma línea, los ocho informes del Estado de la Educación, de los cuales el primero fue emitido en 2005, así como los indicadores que se emiten año con año en esta materia, hablan de una seria crisis en la gestión de la oferta educativa, desde el nivel preescolar hasta la secundaria.

Los hechos anteriores parecieran demostrar que ha llegado el momento de una profunda reforma educativa, con miras al siglo XXI.  La visión estatista ha colapsado y el MEP, cuya función primordial debe ser velar por la calidad de la educación, ha descuidado su función primordial como ente rector del sistema.  Su deseo por controlar y manejar todos los aspectos administrativos relacionados, tales como comedores, transporte, infraestructura y equipamiento, nombramientos y capacitación docente, entre otras cosas, ha provocado un descuido en relación con su sagrada función primordial. 

En este sentido, la crisis educativa sólo puede resolverse con una profunda reforma, toda vez que la estructura del MEP fue pensada para la Costa Rica de mediados del siglo XX y, desde entonces, ha sido sometida a una serie de manoseos e improvisaciones.  Debe convocarse un gran Acuerdo Nacional con el fin de sentar las bases de la nueva Reforma Educativa para el siglo XXI.  Solo la toma de grandes decisiones permitirá que las nuevas generaciones tengan confianza y seguridad en que las escuelas, colegios y universidades públicas seguirán siendo el medio para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.