Una Constituyente: ¿Solución o distracción?

Cada vez que se mencionan los múltiples privilegios que nos obligan a mantener para los empleados públicos y cada vez que los políticos evitan enfrentar las decisiones difíciles necesarias para resolver nuestros problemas estructurales, aparecen los obsesionados con la Constituyente, vendiéndola como si fuera la panacea.

Al analizar los motivos detrás de esta propuesta, parece evidente que sus proponentes no han considerado que nuestros problemas persistirán mientras haya falta de transparencia, ausencia de rendición de cuentas y reine la impunidad. Tampoco han reflexionado sobre el hecho de que la mayoría de estos problemas no se deben a fallas en nuestra Constitución, sino más bien al incumplimiento de lo que esta ya establece para evitarlos.

Los problemas no están en la Constitución

Uno de los problemas que supuestamente esta medida solucionaría son las pensiones de lujo para ciertos sectores de la sociedad. Sin embargo, ese robo institucionalizado no surgió por una falla constitucional, sino por las arbitrariedades de la clase política.

Desde el inicio, nunca se debieron permitir estos regímenes de privilegio, ya que constitucionalmente solo se contemplaba uno. Y una vez creados, lo que correspondía era cerrarlos y evitar que el problema creciera de manera exponencial durante décadas.

Mientras escribo este artículo, seguimos esperando al valiente que proponga el cierre de todos esos otros sistemas, como corresponde.

Nuestra Constitución tampoco permite los monopolios que tanto daño hacen a la productividad ni que las instituciones gasten más de lo que reciben. Establece que el Estado debe garantizar servicios, pero no que deba operar los centros educativos o de salud, por ejemplo. Sin embargo, a vista y paciencia de todos, se nos obliga a sostener ineficiencias y el despilfarro derivado de estas prácticas.

Otro aspecto que destacan los proponentes de la Constituyente es la disparidad salarial entre empleados públicos que desempeñan tareas similares. Pero, una vez más, este no es un problema constitucional, sino una cuestión de leyes y regulaciones laborales diseñadas para repartir recursos públicos como bienes de difunto. Estas normativas requieren revisión y actualización. No debemos olvidar que nuestra Constitución establece el principio de igualdad y no discrimina en función del empleo.

Tampoco establece que las instituciones públicas deban mantener a vagos, inútiles y corruptos de por vida. Sin embargo, las decisiones de gobiernos anteriores, la falta de transparencia en los procesos de contratación y la ausencia de evaluaciones de desempeño han agravado los problemas, incrementado el gasto en burocracia y llevado a la inoperancia a prácticamente todas las instituciones públicas.

En ninguna parte de nuestra Carta Magna se dice que, ante un problema, se debe crear una nueva institución y que estas deben mantenerse por los siglos de los siglos, sin importar si cumplen o no con sus objetivos originales. Sin embargo, la práctica de los políticos de turno es que, para comprar votos o pagar favores, cada vez que una institución no funciona, en lugar de cerrarla o al menos cuestionar su existencia, inventan otra para hacer exactamente lo mismo que la anterior no hacía.

Así llegamos al monstruoso archipiélago de 362 agencias de empleo caras e ineficientes. Y las llamo así porque, si no cumplen un propósito de beneficio para la sociedad, lo único que hacen es mantener gente con empleo (que no es lo mismo que trabajo), de manera totalmente injustificada.

Las excusas para su inoperancia son múltiples: la falta de coordinación, la necesidad de mayor independencia, la escasez de personal, la insuficiencia de recursos y, últimamente, la infame regla fiscal y la nefasta ley de empleo público. Sin embargo, las constantes siempre son las mismas: el despilfarro de los recursos públicos en beneficios para los mismos empleados, la falta de responsables cuando se cometen errores y la incapacidad de satisfacer las necesidades ciudadanas.

Reformas puntuales, no una Constituyente     

Es evidente que el cambio que necesitamos no pasa por una nueva Constitución, sino por su efectiva implementación y el cumplimiento de las leyes existentes, incluyendo la eliminación de aquellas que entorpecen el desarrollo.

Mejorar la gobernanza, optimizar y digitalizar procesos, fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, así como brindar una educación de calidad que fomente la responsabilidad ciudadana, son algunas de las medidas necesarias para abordar los desafíos que enfrentamos como sociedad.

Lo que realmente necesitamos se puede corregir con reformas puntuales, sin necesidad de cambiar la Constitución y exponernos al peligro de que esta termine exacerbando nuestros problemas. Entre los cambios urgentes están:

• Especificar que las autonomías institucionales no son licencias para el despilfarro, pues siguen recibiendo recursos públicos y deben ajustarse al Plan de Desarrollo del país.
• Eliminar la posibilidad de que la junta directiva de la CCSS nos suban impuestos sin pasar por la Asamblea Legislativa, pues esto afecta el empleo y fomenta la pobreza y la informalidad.
• Garantizar que todos los servidores públicos estén bajo el mismo régimen laboral y salarial, eliminando los privilegios injustificados y la perpetuidad en los puestos.
• Modificar la elección de magistrados, limitando sus períodos a un máximo de dos y estableciendo que su reelección, en lugar de ser automática, requiera mayoría legislativa.
• Excluir los porcentajes fijos de asignación de recursos a servicios específicos, pues las necesidades ciudadanas varían con el tiempo y se debe tener flexibilidad para hacer los ajustes requeridos.

Estas son reformas concretas que podemos y debemos exigir, en lugar de abrir la puerta a una nueva Constitución que, lejos de solucionar los problemas, nos arriesgaría a que los estatistas feroces aprovechen la coyuntura para aumentar los controles, burocracia y restricciones a las libertades ciudadanas.

Sin olvidar que este proceso tomaría años, espantaría la inversión extranjera y local, y crearía un clima de inseguridad jurídica que solo agravaría la crisis económica del país.

La experiencia en otros países de la región demuestra que una Constituyente no es garantía de soluciones duraderas; por el contrario, suele ser terreno fértil para la polarización y la inestabilidad política. Por qué nuestro caso sería diferente?

En lugar de embarcarnos en un largo y costoso proceso, debemos concentrar nuestros esfuerzos en la postergada Reforma del Estado: cerrando y fusionando instituciones, eliminando la participación estatal en actividades que no le competen, despidiendo empleados públicos que no suman y reformando o derogando leyes y reglamentos que impiden el avance o no responden a nuestra realidad.

Es hora de que nuestros líderes políticos asuman la responsabilidad de enfrentar los problemas estructurales del país. Como ciudadanos, debemos exigirlo y dejar de permitir que intereses particulares y agendas políticas nos desvíen del verdadero camino hacia el progreso y la prosperidad.

Costa Rica tiene una Constitución sólida que ha demostrado su valía a lo largo de décadas. Ahora es momento de que nuestras leyes y regulaciones se adapten a los desafíos del siglo XXI.

Y nosotros, como ciudadanos, debemos dejar de comer cuento y enfocar nuestras energías en lo que realmente nos liberará de la maraña institucional que nos mantiene empantanados como sociedad.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.