¿Y el Norte Ideológico? Bien, Gracias

Reflexionando sobre mi experiencia en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, puedo afirmar que definir qué hace a un buen diputado es una tarea compleja. No se mide simplemente por la cantidad de proyectos de ley que presenta, ni por sus intervenciones apasionadas en comisiones o en el Plenario. Tampoco se define por pasar los fines de semana en giras comunitarias, tomándose fotos con sus votantes. Creo firmemente que la verdadera medida de un legislador eficaz radica no solo en la calidad de sus aportes, sino y sobre todo en su capacidad para permanecer fiel a los ideales que motivaron su elección y por los cuales recibió el apoyo del electorado.

Un caso que ilustra claramente este punto es el proyecto de ley presentado en el cuatrienio pasado por el Partido Acción Ciudadana (PAC), impulsado en este periodo por el Poder Ejecutivo, bajo el expediente número 22,834: “Reforma a la Ley 8754 Ley Contra la Delincuencia Organizada para Fortalecer la Función de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa”. Este proyecto, que propone medidas drásticas como el congelamiento anticipado de bienes o activos sin una declaración judicial previa, plantea serias interrogantes sobre la protección de derechos fundamentales como el derecho a la propiedad, el debido proceso y el principio de inocencia.

Esta iniciativa legislativa, que parece una extensión de la extinción de dominio pero sin las garantías judiciales adecuadas, podría considerarse como un claro ejemplo de la coherencia ideológica del PAC, cuya retórica a menudo ha sido percibida como inquisitoria. Esta es una medida que los seguidores del Frente Amplio probablemente esperarían que apoyara su grupo parlamentario, dada su consistencia ideológica. Me gustaría poder afirmar lo mismo sobre otras fracciones legislativas, en lo que respecta a esa consistencia.

En el caso del partido Liberación Nacional, sus posturas ideológicas parecen tan confusas que resulta difícil anticipar su comportamiento. Las otras fracciones, incluyendo a la fracción de gobierno, actúan como veletas sin un norte ideológico claro, apoyando en ocasiones y en otras abandonando a la minoría más significativa de nuestro país: el individuo, sus derechos y garantías fundamentales.

El debido proceso, un pilar del sistema legal, garantiza que todas las personas reciban un trato justo y equitativo ante la ley. Protege contra los abusos de poder, asegurando que las decisiones judiciales y administrativas se tomen de manera imparcial y transparente. Este principio implica el derecho a una defensa adecuada, a ser escuchado y a un juicio justo, elementos que refuerzan la confianza pública en el sistema de justicia y promueven la estabilidad y el orden social.

El proyecto de ley mencionado también podría violar el derecho de propiedad. Aunque la protección a este derecho no se extiende a los bienes obtenidos de manera ilegal, es imperativo que haya una declaración judicial previa que confirme dicha ilegalidad, en lugar de una mera presunción como lo propone el texto en discusión. Adicionalmente, y sin querer convertir esta columna de opinión en una pieza de análisis técnico, se pueden elaborar argumentos en torno al principio de inocencia y la carga de la prueba.

En mi caso particular, jamás apoyaría incrementos patrimoniales obtenidos de forma ilegítima. No obstante, es crucial que se utilicen todos los mecanismos del debido proceso para determinar su ilegalidad.

Afortunadamente, aún vivimos en un Estado donde prevalecen los pesos y contrapesos y donde las instituciones de fiscalización mantienen su independencia. Debemos ser cautelosos con este tipo de legislaciones en contextos de regímenes autoritarios, como los de Venezuela o Nicaragua. Es fundamental considerar los daños reputacionales y patrimoniales irreparables que podrían resultar de procesos en los cuales se congelan bienes sin una adecuada evaluación de las pruebas.

En cuanto al norte ideológico, este es y debería seguir siendo la guía que define la coherencia de un legislador. Recientemente, leí un estudio titulado “El Levantamiento del Quinto Estado”, que describe cómo la agenda de política pública, tradicionalmente determinada por la técnica y planes concretos a largo plazo, ha sido usurpada por un nuevo poder sociocultural. Este Quinto Estado está compuesto por comentaristas independientes en redes sociales y medios alternativos, que raramente verifican sus fuentes y se basan más en la emoción que en la razón. Ante la ausencia de ese norte ideológico, sobre el que trata este artículo, los legisladores se dejan llevar por este Quinto Estado, diverso en opiniones como lo es en personas, lo que resulta en un intento de complacer a unos mientras inevitablemente se decepciona a otros.

Los controles ideológicos son esenciales para mantener la coherencia y efectividad en la gestión pública. Sin una dirección clara y firme, los legisladores se convierten en prisioneros de la opinión pública fluctuante y de las presiones mediáticas. Este fenómeno es alarmante y evidente en la forma en que algunos diputados, que proclaman defender los derechos individuales y las libertades, abandonan sus principios ante la primera señal de controversia.  

En la política, la firmeza en las convicciones es mucho más valorada que la complacencia ante las modas pasajeras de la opinión pública.

La ausencia de un norte ideológico firme no solo debilita la integridad del legislador, sino que también compromete los pilares fundamentales de nuestra democracia. Las decisiones legislativas deben estar basadas en principios sólidos y en una profunda comprensión de las consecuencias a largo plazo, no en el ruido de las redes sociales. Defender los derechos individuales, el debido proceso y la propiedad privada no es solo una cuestión de coherencia ideológica, sino que también consiste en proteger las libertades que definen nuestra sociedad.

La lección es clara: un legislador sin norte es una veleta.  Tener un norte claro nos permite saber a dónde vamos, incluso ante los embates de la tormenta. 

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.