El consumidor debe ser siempre el primero 

A pesar de que pronto finalizará mi etapa como diputado en la Asamblea Legislativa por las razones que he indicado y anunciado, esto no implica que mi voz se silenciará en los debates de trascendencia nacional.

Continuaré contribuyendo con mis opiniones y recomendaciones a través de la columna “Ala Liberal” en Primera Línea CR, siempre y cuando el espacio lo permita. Esta continuidad en mi participación seguramente el día de hoy no será del agrado de ciertos sectores, especialmente los burócratas de CONARROZ, ya que hoy retomo un tema que ha generado amplio debate en el ámbito público en las últimas horas.

El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José admitió una medida cautelar solicitada por un grupo de productores arroceros. Dicha medida suspende el decreto que reducía los aranceles de importación del arroz, con la consecuencia directa de afectar al consumidor final. La decisión judicial, al admitir la medida cautelar, presupone hechos sin fundamentos o evidencias concretas para justificar la suspensión del decreto, una acción que considero extremadamente peligrosa y un precedente preocupante.

La resolución judicial parece invadir el ámbito de la política pública que corresponde al Poder Ejecutivo. La frase contenida en la resolución “por cuanto con el paso del tiempo ha sido público y notorio la afectación del sector nacional productor de arroz…” revela un evidente sesgo en la decisión judicial.

Esta afirmación ignora los datos oficiales que muestran que Costa Rica no cuenta con ventajas competitivas ni comparativas en la producción arrocera a nivel internacional. Los números han indicado consistentemente, incluso antes de la implementación de la llamada Ruta del Arroz, que el rendimiento por hectárea en Costa Rica ha estado en declive, lo que subraya la falta de eficiencia del sector a nivel local.

Además, la resolución judicial asume, sin sustento alguno, que la disminución de aranceles no ha resultado en una reducción significativa en el precio del arroz para el consumidor. Esta suposición omite los datos y el verdadero impacto que la rebaja arancelaria ha tenido en el precio final al consumidor, rebajas que, cabe destacar, son reales y han permitido a los comercios ofrecer promociones y competir más libremente, beneficiando así directamente al consumidor.

Es crucial analizar el concepto de medidas cautelares y los criterios como el peligro en la demora, la apariencia de buen derecho y el daño grave. Sorprende que, en la evaluación de estos criterios, la jueza no considerara el impacto significativo que su decisión tendría en millones de consumidores de arroz en Costa Rica.

Las estadísticas oficiales revelan que, con la reducción de los aranceles, el consumo de arroz ha aumentado y el ahorro en los precios ha beneficiado principalmente a los deciles más vulnerables de la población costarricense.

Este caso es un ejemplo de cómo, en el contexto político nacional, a menudo se relegan los datos y la evidencia empírica en favor de narrativas emocionales que buscan proteger a minorías en detrimento de la mayoría.

Creo firmemente que el enfoque debería centrarse en proteger los intereses del consumidor, especialmente aquellos para quienes una pequeña diferencia en el precio del arroz tiene un impacto considerable en su economía personal. En Costa Rica, lamentablemente, son muchos los que se encuentran en esta situación.

Por lo tanto, es imperativo evitar caer en discursos que privilegian a un sector sobre otro. Todos somos importantes y, en última instancia, todos somos consumidores. Deberíamos abogar por un mercado abierto y competitivo que, a pesar de las fluctuaciones en el mercado internacional, siga promoviendo la reducción de precios y beneficie a todos los costarricenses.

Analizando más a fondo, la situación del sector arrocero en Costa Rica es compleja. Históricamente, ha estado marcada por una regulación que ha beneficiado a un número limitado de actores dentro de la cadena de producción, en su mayoría grandes productores e intermediarios, en detrimento del consumidor final y de los productores más pequeños y menos eficientes.

La liberación del mercado del arroz, simbolizada por la disminución de los aranceles de importación, pretendía introducir un elemento de competencia que podría haber llevado a una mejora en los precios al consumidor y a un estímulo para que el sector se volviera más eficiente y competitivo a nivel global ofreciendo productos de valor agregado.

La decisión de suspender este decreto a través de una medida cautelar, basada en presuposiciones sin fundamento y sin considerar el impacto en el consumidor, es un claro retroceso en este esfuerzo por liberalizar y dinamizar el mercado. Además, pone de manifiesto la tensión entre los intereses de los productores y los derechos de los consumidores, una dinámica que a menudo se ve influenciada por consideraciones políticas y económicas que van más allá del bienestar de la población.

El papel de las instituciones como CONARROZ, que tradicionalmente han tenido una influencia significativa en la política arrocera del país, debe ser revisado críticamente. En mi criterio, la institución debe cerrarse, para lo cual presenté el proyecto de ley 23.951. Y si no fuera así, su capacidad para influir en las decisiones políticas y regulaciones que afectan al sector debe equilibrarse con la necesidad de promover un mercado más justo y competitivo que beneficie a todos los costarricenses, no solo a un grupo selecto.

En conclusión, la decisión judicial de suspender la reducción de los aranceles de importación del arroz en Costa Rica es un recordatorio de la complejidad de equilibrar los intereses de diversos grupos dentro de la economía. Mientras que la protección de los productores nacionales es importante, no debe hacerse a expensas del consumidor. La política arrocera, como cualquier política pública, debe basarse en datos y análisis rigurosos, y debe tener como objetivo final el bienestar de la mayoría de la población. En este caso, el consumidor no debe quedar en último lugar. 

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.